Proyecto de ley busca regular uso de inteligencia artificial y cuentas automatizadas en elecciones y plebiscitos

Como referencia internacional, el proyecto destaca la regulación de Brasil, que exige identificar los contenidos sintéticos utilizados en propaganda electoral, prohíbe determinadas manipulaciones audiovisuales engañosas y contempla sanciones que pueden alcanzar la pérdida de una candidatura o del mandato. Asimismo, cita la normativa de la Unión Europea, que establece obligaciones de transparencia para contenidos generados con inteligencia artificial y publicidad política, junto con restricciones a determinadas formas de segmentación electoral. También recoge iniciativas debatidas en Argentina y México para sancionar o exigir la identificación de contenidos electorales manipulados mediante inteligencia artificial.

La iniciativa busca regular y fiscalizar el uso de herramientas digitales en elecciones y plebiscitos, incluidos los procesos municipales, regionales y primarios. Para ello, define las cuentas automatizadas como aquellas que interactúan mediante programas informáticos sin intervención humana directa en cada acción, y el comportamiento coordinado no auténtico como su utilización conjunta para influir en resultados electorales. Asimismo, considera contenido sintético las imágenes, audios, videos o textos generados o alterados sustancialmente mediante inteligencia artificial que aparenten representar hechos o declaraciones reales, excluyendo las modificaciones menores que no cambien su sentido.

El proyecto propone prohibir la contratación, financiamiento u operación de conjuntos de cuentas automatizadas para realizar propaganda electoral, incluso a través de terceros, excluyendo la difusión coordinada y voluntaria de mensajes por personas sin remuneración. Asimismo, exige que las agencias y prestadores de servicios de propaganda digital presenten una declaración jurada comprometiéndose a no incurrir en estas prácticas, la que deberá incorporarse a la rendición de gastos electorales. Además, obliga a candidatos, partidos y responsables de opciones plebiscitarias a informar al Servicio Electoral los contratos de posicionamiento digital celebrados en su favor durante los doce meses anteriores a la elección, identificando al prestador, los servicios contratados, su monto y vigencia.

El proyecto exige que toda propaganda electoral elaborada o alterada mediante inteligencia artificial incorpore la advertencia “Contenido generado o alterado con inteligencia artificial”, junto con la identificación del emisor. Esta deberá ser visible durante toda la duración de los videos, aparecer en las imágenes o anunciarse al inicio de los audios. Asimismo, prohíbe la creación o difusión de contenidos sintéticos que manipulen acciones, imágenes o voces de personas, cuando puedan inducir a creer que corresponden a hechos o declaraciones reales. Además, establece la obligación de mantener un registro público individualizado de estos contenidos en la rendición de gastos electorales.

La iniciativa contempla multas de 30 a 300 UTM por el uso prohibido de cuentas automatizadas y la difusión de contenidos sintéticos engañosos, y de 10 a 100 UTM por declaraciones falsas, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales. También establece que los gastos asociados a conductas prohibidas no podrán imputarse como gastos electorales y que los prestadores de servicios que presenten declaraciones falsas conforme al artículo 5 quedarán inhabilitados para operar durante los dos procesos electorales siguientes.

El proyecto busca fortalecer la transparencia y fiscalización de la propaganda electoral digital mediante la identificación de contenidos generados con inteligencia artificial, la regulación de cuentas automatizadas y la aplicación de sanciones, con el fin de prevenir la manipulación y el engaño al electorado. Estas medidas forman parte de una iniciativa legislativa y aún no constituyen obligaciones vigentes.

Vea texto moción Boletín N°18.669-06 y siga su tramitaciónaquí.