Cambios al sistema notarial y registral chileno

La Cámara de Diputados ha despachado en general el proyecto de ley de modernización del sistema notarial y registral chileno (sin desmerecer por cierto el sistema de archivo que también está siendo objeto de modificación), quedando al debe en lo concerniente a los aspectos más complejos en ambos.

Como ya sabemos, el proyecto trata de una “reforma al sistema notarial y registral” que dista mucho de ser una reforma. Hablemos propiamente de una tentativa del ejecutivo por cambiar algo que ‘funciona’ por algo que ‘no sabemos si funciona’. Parafraseando al diputado Cruz-Cocke un sistema que funciona en Francia y que ha dado buenos resultados (refiriéndose al tema de los ‘repositorios’, pero que en ese país es llevado por notarios y conservadores. Es decir, no se entiende nada. Si quienes deben elaborar nuestras leyes no son todo lo sabios que deben ser y quienes los asesoran tampoco lo son, no podemos esperar nada bueno de este proyecto que se suma a los más de 30 que han tenido ese propósito: cambiar un sistema que funciona y a muy bajo costo para la ciudadanía.

No podemos olvidar que el sistema chileno es de los más baratos de Sudamérica y del mundo, liderando los extremadamente caros, los de Italia (en Europa) y Brasil (en Sudamérica). Mucho se habla de los costos, pero sin informar acerca de los beneficios concretos del sistema. En efecto, el sistema chileno, tanto de notarios como se conservadores, tributa al sistema de fe pública que el Informe de la Fiscalía Nacional Económica se esfuerza en denostar (bastante deplorable, porque lo es), nos preguntamos: ¿qué persigue el ejecutivo al aplicar las reglas del mercado a la fe pública? Evidentemente, un fin económico: abrir la puerta para que otros privados puedan ingresar, bajo la óptica de una necesidad inexistente de competencia, cuya perfección sabemos que no existe, tanto teórica como fácticamente.