El respeto de las sentencias de la Corte IDH por la Corte Suprema

Se han emitido diversas opiniones ante el acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de establecer, dentro de su competencia, medios idóneos para cumplir de buena fe la sentencia de la Corte IDH en el caso “Norin Catriman y otros vs. Chile”, como es su obligación constitucional (arts. 5° inciso 2 y 54 N°1, inciso 5°) como asimismo sus obligaciones convencionales (arts. 1, 2 , 8 de la CADH y 26, 31.1, y 27 CVDT de 1969).

El Estado de Chile es parte desde 1990 del sistema colectivo de aseguramiento y garantía de derechos humanos, contenido en la CADH, habiendo reconocido de pleno derecho la jurisdicción de la Corte IDH. Como tal se encuentra vinculado por las obligaciones generales contenidas en su Art. 1° de asegurar y garantizar los derechos de la Convención, como por su Art. 2°, de adecuar su ordenamiento jurídico a las normas convencionales a través de medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos. Las sentencias de la Corte IDH son definitivos e inapelables (Art. 67 CADH) y los estados deben cumplir la decisión de la Corte IDH en que hayan sido parte, lo que constituye una obligación de resultado (Art. 68).

El Art. 63 habilita a la Corte IDH a determinar en caso de violación de derechos, que se garantice al lesionado en el goce del derecho o libertad conculcado, reparándose en forma integral a la víctima de la violación de sus derechos. Es obvio, que si el acto violatorio de sus derechos es un acto jurisdiccional interno, este debe ser dejado sin efecto, para restablecer el imperio del derecho. Ello no es nada nuevo, la Corte Suprema ya lo hecho como consecuencia de las sentencias de la Corte IDH en los casos “Almonacid Arellano vs. Chile” y “Maldonado y otros vs. Chile”.