La urgente necesidad de reforma a la Superintendencia de Educación: ¿Cómo garantizar sanciones efectivas sin poner en jaque el financiamiento educativo?

I. Contexto de su creación.

La creación de la Superintendencia de Educación en el año 2011 es la respuesta institucional a las movilizaciones estudiantiles que demandaban una mejora en la calidad integral del sistema educativo, no por nada la Ley Nº20.529 lleva por título “Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización”. Sin perjuicio de ello, lo único permanente es el cambio, y de esta forma en el año 2015 mediante la ley N°20.845 Titulada “Ley de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”, se generaría el cambio en el sector regulado de la Superintendencia de Educación, desviando el efecto de los incentivos que pretendían mejorar los niveles de cumplimiento de la normativa educacional.

La oferta educativa del año 2011, contexto creativo del organismo fiscalizador, destacaba por una amplia cobertura de establecimientos particulares subvencionados, siendo estos últimos los receptores de fondos estatales mediante los mecanismos de subvención dispuestos por ley y los cuales adicionalmente contaban con el ingreso de mensualidades por la prestación del servicio, mecanismo que fue ampliamente conocido bajo el concepto de “copago”.