Tema
Subvenciones educacionales
La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó la reclamación interpuesta por la sostenedora del Colegio Particular Lucila Godoy Alcayaga en contra de la Superintendencia de Educación, luego de concluir que no acreditó la disponibilidad total de los saldos de subvenciones y aportes estatales…
02 de septiembre de 2026
Proporcionalidad en contratación
Estableció que la multa aplicada por el Servicio de Salud resultó desproporcionada en relación con la entidad del incumplimiento contractual, toda vez que el retraso prolongado afectó únicamente accesorios de escaso valor económico y no los bienes principales adjudicados. Concluyó que la sanción fue impuesta mediante un criterio rígido y automático, vulnerando los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración
02 de junio de 2026
Control judicial de sanciones
Revocó la decisión que había disminuido una multa sanitaria aplicada tras un accidente laboral grave y sostuvo que los jueces no pueden modificar sanciones administrativas si antes no acreditan que la autoridad actuó de manera ilegal al imponerlas.
13 de mayo de 2026
Acción protección acogida
Concluyó que el procedimiento seguido por el Tribunal de Honor de la Federación del Rodeo Chileno careció de notificación válida y de audiencia, configurando una actuación arbitraria que afectó la igualdad ante la ley y el derecho a defensa.
07 de enero de 2026
Se debe reducir en una hora al día al término de la jornada laboral.
Por tratarse de servicios públicos, al momento de convenir los términos de la rebaja, la autoridad administrativa deberá respetar las limitaciones y modalidades a las que el órgano se encuentra sujeto, así como ceñirse a los principios de eficiencia y eficacia, de continuidad de la función pública, control jerárquico y probidad administrativa.
01 de mayo de 2024
Contraloría General de la República.
Por el acuerdo en cuestión, el ministerio, con el objeto promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, pacta con su contraparte la mutua colaboración, a fin de facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de la criminalidad organizada.
26 de abril de 2024
Denuncia de parlamentarios.
Al no existir una habilitación legal expresa tratándose de los gobernadores o gobernadoras regionales, la Contraloría se ve impedida de determinar y hacer efectiva tal responsabilidad. Con todo, verifica que los gobernadores de regionales de Tarapacá y Biobío subsanaron sus infracciones, y el gobernador de Valparaíso, no ha cometido infracción alguna.
24 de abril de 2024
Contraloría General de la República.
La labor de investigador o fiscal instructor en un procedimiento disciplinario no debe ser realizada únicamente por un funcionario abogado, sino que basta que sea un servidor público con igual o mayor grado o jerarquía que quienes se investigan.
04 de octubre de 2023
Conflicto de competencias.
Para que se configure un conflicto competencial se requiere de la concurrencia de dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero está referido a que los sujetos involucrados en el conflicto deben contar con legitimidad para obrar. El segundo que la naturaleza del conflicto posea dimensión constitucional.
07 de septiembre de 2023
Normativa educacional
El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.
21 de agosto de 2022
Con voto en contra.
La norma carece de parámetros objetivos que permitan determinar las sanciones con proporcionalidad.
28 de octubre de 2021
Potestad disciplinaria del
Los particulares no pueden equipararse al Estado, porque el Estado tiene ejército, policía, jueces, superintendencias y, sobre todo, una capacidad de lesionar los derechos y libertades del ciudadano incomparablemente superior cualitativa y cuantitativamente que las de cualquier particular, incluso al más poderoso entre ellos.
09 de mayo de 2021
Protección de bienes jurídicos
Una función administrativa se plantea en la resolución de conflictos, en que el Estado se encuentra obligado a brindar protección a bienes jurídicos, que sólo afectan un interés general, es decir, que sólo brindan una protección mediata o refleja del individuo. Para ello, el legislador puede, o bien limitar la libertad de un individuo (ej. requisitos sanitarios); o bien otorgar al particular un poder jurídico para exigir una conducta positiva del Estado, sin limitar la libertad de otro individuo (ej. prestaciones directas de derecho social o deberes de protección).
10 de noviembre de 2020