Primera sala.
Impugnan ante el TC preceptos sobre potestad del Contralor General de la República que incidirían en caso de los «guetos verticales».
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección de que conoce la Corte de Santiago.
Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, la frase del inciso primero del artículo 6° de la Ley Nº10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; el inciso final del artículo 9° de la misma ley; y, finalmente, la frase del artículo 52 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Los preceptos impugnados disponen, respectivamente, que “y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización”; “Estos informes serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que se refieran”; y “sobre todas las materias sujetas a su control”.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección de que conoce la Corte de Santiago en que la inmobiliaria requirente es recurrente y, la Contraloría General de la República, la recurrida.
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Con voto en contra.
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