Segunda sala.
Ingresó al TC inaplicabilidad que impugna norma que sanciona contaminar un cuerpo de agua y que incidiría en causa penal por derrame de combustible.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, en actual conocimiento de la Corte de Punta Arenas.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 136, inciso primero, parte primera, de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El precepto impugnado establece: “El que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Si procediere con dolo, además de la multa, la pena a aplicar será la de presidio menor en su grado mínimo”.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, en actual conocimiento de la Corte de Punta Arenas por recurso de nulidad, en los que los requirentes fueron condenados por derramado combustible debido a su falta de cuidado o negligencia.
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