TC deberá resolver si admite a trámite inaplicabilidad que impugna normas de la Ley de Transparencia y de la Ley General de Bancos.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 5 de la Ley N° 20.285, sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, y el artículo 7° de la Ley General de Bancos.

El primer precepto legal cuestionado, dispone: “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y las resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualesquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

En tanto, el segundo precepto legal cuestionado, señala: “Queda prohibido a todo empleado, delegado, agente o personas que a cualquier título presente servicio en la Superintendencia, revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a las personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal”.