Tribunal Constitucional admite a trámite inaplicabilidad solicitada por empresa que fue sancionada debido a la muerte de dos buzos comerciales con multa que estima desproporcionada.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, con suspensión, un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 88 del DL N°2.222 del año 1978, “Ley de Navegación”; y 3°, letra i), inciso tercero, del DFL N°292 del año 1953, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

La gestión pendiente incide en un recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones Valparaíso, en los que DIRECTEMAR sancionó a la requirente, una empresa del rubro marítimo, con el pago de casi 150 millones de pesos producto de la muerte de dos buzos comerciales, en el marco de trabajos subacuáticos llevados a cabo por la empresa.

La empresa requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que no se establecen criterios, parámetros, ni principios, que permitan determinar el quantum de la multa a aplicar en un caso concreto y que, como efecto, limiten el margen de discrecionalidad de la administración; permitiendo, a la vez, un marco adecuado para el ejercicio proporcional de la potestad, otorgando, en definitiva, seguridad jurídica a los ciudadanos. Alega también que tal omisión legislativa vulnera los principios de legalidad, reserva legal, tipicidad, igualdad ante la Ley y de proporcionalidad.