Tribunal del crimen que conoce del hecho punible como cuestión principal es competente para pronunciarse sobre la acción civil indemnizatoria dirigida en contra del Fisco de Chile como tercero civilmente responsable.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por los querellantes y demandantes civiles en contra de la sentencia que dictando sobreseimiento definitivo en los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado por muerte del acusado omitió pronunciamiento sobre los recursos de apelación en que se perseguía la responsabilidad del Estado como tercero civilmente responsable de delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado.

El fallo señala que el sistema procesal penal regido por el código de 1907, a la fecha de las demandas civiles interpuestas por los querellantes —cónyuge, hijos y hermanos de las víctimas— otorgan competencia para conocer de la acción civil indemnizatoria al tribunal del crimen que está conociendo del hecho punible como cuestión principal, dirigida aquélla en contra del Fisco de Chile como tercero civilmente responsable, porque así lo establecen claramente los artículos 10 y 40 del Código de Procedimiento Penal, y porque además se halla dicha aseveración en armonía con las normas de los artículos 398, 430, 447, 500, N°7 y 536 del aludido texto legal. Así, aparece de manifiesto que la sentencia impugnada ha incurrido en error de derecho, toda vez que los querellantes han deducido sus demandas ante el tribunal competente, persiguiendo la responsabilidad civil del Estado por hechos cometidos por un agente del mismo.

Añade la sentencia que el sentido de la reforma de la ley 18.857, que modificó el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, no fue el restringir el ejercicio de la acción civil que autoriza el artículo 10 del código citado, sino, por el contrario, fue el de extender su contenido a mayores hipótesis de cobros indemnizatorios, de manera que da más posibilidades de demandar a personas distintas de los hechores del delito, ejercicio que en ningún caso queda debilitado con el actual texto del precepto señalado y que sirve de sustento a la demanda de los querellantes.