El Tribunal Constitucional citó a audiencia pública en el requerimiento de inconstitucionalidad, formulado por un grupo de Honorables Diputadas y Diputados de la República, respecto de diversas disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, Boletín N° 8.970-06.
La audiencia se celebrará el día lunes 18 de enero de 2021, a las 12:00 horas, en ella podrá ser oída toda persona o institución y organizaciones representativas de los intereses involucrados en el conflicto jurídico-constitucional que deberá resolver esta Magistratura, y que previamente hayan efectuado por escrito sus observaciones o acompañado antecedentes relacionados con la materia, solicitando además ser oídos en la audiencia.
Cabe recordar que, los requirentes de inconstitucionalidad, impugnan 14 preceptos del referido Proyecto de Ley, por contravenir los artículos 1°, 5° y 19 nos. 1, 2, 3, 7 y 26, todos de la Constitución Política de la República. A mayor abundamiento, las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el requerimiento refieren a que las disposiciones impugnadas: (1) manifiestan un enfoque restrictivo y discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes, institucionalizando la excepcionalidad; (2) consagran espacios de excesiva discrecionalidad administrativa, al punto de transformarla en arbitrariedad, transgrediendo los límites de la reserva legal; (3) consagran una visión restrictiva de la libertad ambulatoria, que omite aspectos esenciales de la misma según está constitucionalizada en el artículo 19 N°7, especialmente en su letra a).
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Cabe hacer presente que, la decisión de citar a audiencia pública fue tomada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, en tanto la materia que debe resolver el Tribunal es la constitucionalidad de un requerimiento parlamentario respecto del cual los magistrados que lo integran se entiende que no sólo tienen la capacidad y la competencia necesarias, sino, además, el deber fundamental que la Constitución le ha encomendado exclusivamente a ellos, para ejercer el control de constitucionalidad correspondiente, resolviendo por sí y ante sí, en estricto sentido jurídico el referido requerimiento.
Agregan que terceros, que no son parte del proceso como órganos constitucionales legitimados, puedan hacer observaciones, presentaciones, actuaciones propias de lobby a través de la realización de audiencias públicas, solo sirve a la crítica insistente y sesgada de ciertos sectores, incluso parlamentarios, en el sentido que el Tribunal Constitucional constituiría una “tercera cámara”, una instancia de deliberación política asimilándose a las instancias representativas o asambleas parlamentarias.
Así, concluyen, sólo se contribuye a desnaturalizar y desvirtuar la función esencial de la jurisdicción constitucional cuando la deliberación parlamentaria ya ha tenido lugar y durante su realización probablemente quienes concurrirán a la audiencia, ya han hecho en esa oportunidad sus presentaciones, constando además en la Historia de las iniciativas y el proceso legislativo.
Por último, señalar que conforman el listado de expositores, los siguientes: Claudia Sarmiento Ramírez, por la Asociación por las Libertades públicas; María Emilita Tijoux Merino, por la Cátedra de racismo y migraciones contemporáneas de la Universidad de Chile; Francisco Bustos Bustos; por el Movimiento de Acción Migrante; Daniel Quinteros Rojas, por el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat; Tomás Greene Pinochet, por la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes; José María Hurtado Fernández, en representación de la Senadora Luz Ebensperger Orrego; Diego Pérsico Torres, por la Fundación Migra Chile; Matias Rodríguez Burr, en su propia representación; Óscar Rojas Mesina, por el Centro de Estudios Legales y Sociales; Rodolfo Nogueira Cardó, en representación de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile y el Comité de Refugiados Peruanos en Chile; Tomás Tezanos Pinto de la Fuente, por el Partido Unión Demócrata Independiente; Isaac Ravetllat Ballesté, en representación de la Red de Universidades por la Infancia de Chile; el Diputado Boris Barrera Moreno, en su propia representación; y Francisca Vargas Rivas, por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.
Vea texto íntegro de la resolución que convoca a Audiencia Pública.
Vea texto íntegro del expediente, Rol N° 9930-20 CPT.