Procede la entrega de un monto en dinero, equivalente al beneficio de sala cuna y jardín infantil, a las funcionarias que cumplen labores en modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia.

Se dirigió a la Contraloría General el Instituto Nacional de Estadísticas; el Instituto de Desarrollo Agropecuario; la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana de Santiago; la Superintendencia de Educación Escolar; el Instituto Nacional de Hidráulica; el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá y de Los Ríos; la Universidad Arturo Prat; la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; la Oficina Nacional de Emergencia, así como también funcionarias de distintos organismos públicos, consultando la procedencia de otorgar un monto en dinero que equivalga al beneficio de sala cuna, para contribuir a costear los cuidados de niños y niñas menores de dos años que son hijos e hijas de servidoras que se encuentran cumpliendo funciones en modalidad de teletrabajo, así como la procedencia de entregar en igual modalidad el beneficio de jardín infantil.

Al respecto, el ente contralor indicó que el inciso primero del artículo 203 del Código del Trabajo impone la obligación al empleador, en cuya empresa laboren 20 o más trabajadoras, el derecho a sala cuna, entendiéndose igualmente cumplida si el empleador paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la trabajadora lleve a sus hijos, en cuyo caso este deberá escoger entre aquellos que cuenten con la autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

Añade que, a través del Dictamen N°9.913 de 2020, expresó que mientras se encuentren vigentes medidas sanitarias que se vinculan con el cierre de esa clase de establecimientos, procede que las autoridades adopten las providencias conducentes a conciliar de la mejor forma posible el ejercicio de la maternidad y el desempeño laboral de las funcionarias afectadas.