El ejercicio de la facultad de control médico no configura una situación de hostigamiento laboral justificante del despido indirecto.

El fallo indica que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 243 de la LCT, la actora se consideró gravemente injuriada y despedida, ante la postura negativa de la demandada a denunciar el accidente laboral sufrido el 14 de noviembre de 2014, que le produjo una severa lesión en la zona baja de la espalda al tener que sacar unas bolsas de residuos. Refiere además haber sufrido hostigamiento, el que hace consistir en envíos postales intimándola a justificar ausencias o que se presente a laborar y en que se le enviaban constantes controles médicos a su domicilio o se la hacía concurrir a un centro médico para la constatación de su dolencia.

En seguida, expone que la sentenciadora del grado rechazó la demanda, al estimar que la actora no ha logró acreditar los motivos por los cuales se consideró despedida. Así, en lo relativo al accidente sufrido el 14 de noviembre de 2014 y a la recaída que tuvo posteriormente y que la llevó a intimar a su empleadora el 12 de agosto de 2015 para que hiciera la denuncia ante la ART, sostuvo que la actora no acreditó que le hubiera informado a la demandada, con anterioridad a dicha fecha, sobre el accidente padecido y que aquélla se hubiese negado a efectuarla, concluyendo que puso en conocimiento de la demandada el supuesto infausto laboral sufrido transcurridos ya unos 8 meses y 28 días de su ocurrencia. Adicionalmente, determinó que el hostigamiento denunciado tampoco fue acreditado, toda vez que, en modo alguno, pudo considerarse como tal la circunstancia por parte de la demandada de ejercer la facultad de control médico que la LCT le otorga.

Al efecto, la Cámara de Apelación concuerda con la sentenciadora del grado, en cuanto a que no se acreditó en el juicio que se hubiese dado aviso del accidente a la demandada, a efectos de denunciarlo ante la ART correspondiente, haciendo presente que aún si por vía de hipótesis se considerase que efectivamente la empleadora hubiera tenido conocimiento de ello, mediante los certificados médicos a los que alude la actora e incluso por aplicación de la doctrina de las cargas dinámicas -que coloca en cabeza de quien está en mejores condiciones de aportar elementos tendientes a obtener la solución del caso y que hace desplazar el unus probandi del actor al demandado-, tal circunstancia no constituía una injuria suficiente para extinguir el vínculo, máxime considerando que la propia actora pudo haberlo denunciado ante la ART.