CS se pronunció en unificación de jurisprudencia si es suficiente el cumplimiento del plazo como causal para finalizar el vínculo con un funcionario a contrata.

La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandado en contra del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Arica, que no hizo lugar a la impugnación que dedujo en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, que declaró que el despido vulneró los derechos a la indemnidad y no discriminación de la actora.

La sentencia del máximo Tribunal señala que el recurrente solicitó la unificación de jurisprudencia, respecto de la procedencia de terminar un vínculo laboral que une a un funcionario público que presta servicios bajo la modalidad a contrata con la administración del Estado, en virtud de la causal de cese configurada por la llegada del tiempo máximo legal acorde el artículo 10 en relación con el 146 f) y 153 de la Ley N°18.834; o, si resulta necesario dictar, previamente, otro acto administrativo que, razonada y fundadamente, explique al funcionario por qué no se le renovará su contratación para la anualidad siguiente.

En seguida, expone que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que se dedujo en contra de aquella que acogió la acción de tutela laboral con ocasión del despido, sosteniendo que la discrecionalidad administrativa no es una facultad con alcances omnímodos, sino una sujeta a las reglas correspondientes y sometida a los límites de la legalidad, que debe ser ejercida de forma prudente, racional y en respeto de las normas jurídicas vigentes como de las garantías constitucionales del subordinado. Añadió que, al ejercer dicha potestad, se exige a la administración comunicar al funcionario cuya contrata no se renueva, los motivos por los cuales se adopta tal decisión, lo que es coherente con los principios de formalidad, escrituración, transparencia y publicidad de los artículos 3, 5 y 16 de la Ley N°19.880 y no es contrario a los artículos 10, 146 f) y 153 del Estatuto Administrativo.