Norma que impide apelar la decisión de exclusión de prueba de descargo es inconstitucional y vulnera el debido proceso.

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública respecto de la frase “cuando lo interpusiere el ministerio público”, y de la frase “de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente”, contenidas en el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal. De acuerdo con este precepto, el auto de apertura del juicio oral solo será susceptible de apelación cuando lo interpusiere el Ministerio Público.

El requerimiento incide en un proceso penal seguido ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago en contra del requirente, quien fue acusado como autor del delito de violación propia. En agosto de 2020 se dictó el auto de apertura de juicio oral, ocasión en la cuál el Juez excluyó de la prueba las declaraciones de dos testigos por considerarlas impertinentes. El requirente dedujo recurso de apelación, al que no se dio lugar en aplicación del precepto legal impugnado. En seguida, el requirente interpuso recurso de hecho, el que se encuentra pendiente de resolver por la Corte de Apelaciones de Santiago. Si se declara inaplicable el precepto legal impugnado, el tribunal de alzada podrá pronunciarse respecto de la procedencia de la exclusión por impertinencia de la prueba testimonial.

La requirente alega que el precepto legal cuestionado es decisivo en el caso concreto, pues determina la imposibilidad de la defensa de poder apelar la exclusión de prueba, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 19, Nºs 2 y 3 de la Constitución, vulnerándose el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; la proscripción de diferencias arbitrarias, y la igualdad de armas, en cuanto solo se le concede al Ministerio Público el derecho a apelar y no a los demás intervinientes del proceso penal. Asimismo, estima que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a rendir prueba; a la tutela judicial efectiva y, a impugnar resoluciones judiciales ante un tribunal superior.