La Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de nulidad y, en sentencia de reemplazo, ordenó a la demandada Dirección de Previsión de Carabineros –Dipreca– restituir la suma de $1.488.973, monto descontado de la indemnización por años de servicios, correspondiente al aporte del empleador al seguro de cesantía, de la trabajadora.
La sentencia sostiene que, del simple tenor de la regla antes transcrita, se desprende que, para que ella opere, es necesario que el descuento del saldo de la cuenta individual del trabajador por cesantía se haya debido efectivamente a las necesidades de la empresa.
La resolución agrega que por ende, si el trabajador ha recurrido a la justicia para que se pronuncie sobre la validez de esa causal de término de los servicios, en relación con el recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios y de la restitución de esos fondos descontados en el finiquito, los efectos que se derivan de aquella pretensión quedan en suspenso hasta la decisión jurisdiccional.
Ahora bien –ahonda–, si el juez determina que no se ha probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador y declara que el despido de este es injustificado o improcedente –como ocurre en la especie– no puede tener lugar la imputación referida en el inciso segundo del precepto precitado, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa.
Para el tribunal de alzada, pensar lo contrario implicaría que al empleador le basta invocar esta causal para que se aplique el descuento, olvidando que esa determinación puede ser objeto de revisión por la justicia a requerimiento de los trabajadores, quienes accionan motivados por lo que estiman una vulneración de sus derechos, los que son irrenunciables.
“Por último, admitir lo contrario también significaría que la decisión jurisdiccional en cuanto declara injustificado o improcedente el despido carece de eficacia, lo que es un evidente contrasentido, ya que al no haber operado la causal invocada por el empleador para despedir al trabajador, los efectos que pudiera haber generado ese término de servicios deben retrotraerse a su estado anterior, razón por lo que es del todo procedente restituir el dinero que se ha descontado indebidamente a la trabajadora”, razona el tribunal.
Concluye que en tal virtud, al razonar la sentencia en el motivo décimo, que no procede la devolución del aporte del empleador a la AFC, ha incurrido en infracción de ley, pues no ha dado correcta aplicación al artículo 13 de la Ley N° 19.728, lo que desencadena que la causal de infracción de ley, en su modalidad de falsa aplicación de la norma, debe ser acogida, en la forma que se indicará en lo dispositivo.
Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo, que por los fundamentos anteriores, más lo dispuesto en los artículos 161, 477 y 482 del Código del Trabajo y artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728, manteniendo las decisiones I, II, IV y V de lo resuelto en la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT O-7207-2020, se declara que, además, se condena a la demandada Fondo Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile al pago de la suma de $1.488.973 a la actora Sandy Ester Paillao Tapia, por concepto de restitución del descuento en la indemnización por años de servicios, correspondiente al aporte de seguro de cesantía, más reajustes e intereses que correspondan.
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Decisión acordada con el voto en contra de la fiscal judicial Carrasco Andonie, quien estuvo por desestimar el recurso de nulidad. Afirma que la calificación judicial de injustificado un despido por necesidades de la empresa tiene como consecuencia económica la obligación de pagar el incremento legal respectivo (30%), única sanción que la ley ha previsto en la materia, pero no incide ni es obstáculo para la imputación reclamada. Justificado o no, lo cierto es que el contrato de trabajo terminó por la causal de necesidades de la empresa. Por consiguiente, la declaración judicial aludida no es impedimento para efectuar la imputación respectiva.