Medidas sanitarias destinadas a hacer frente a la pandemia y a proteger la salud y vida de la población, no pueden ser consideradas arbitrarias o ilegales.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que desestimó el recurso de protección interpuesto por particulares en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, por la implementación de la resoluciones que exigen el pase de movilidad para realizar actividades o ingresar a recintos, quienes alegaron que con la medida se vulneran sus derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, libertad de conciencia y libertad individual, así como lo dispuesto en tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de Naciones Unidas y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

Los recurrentes expusieron que son personas naturales residentes en el país que no desean vacunarse y, por tanto, les afecta de manera directa la dictación de la Resolución Exenta N°494 de 26 de mayo del año 2021, el establecimiento del “tercer plan paso a paso”, así como los últimos llamados del Gobierno, en cuya virtud se ha creado el denominado “Pase de Movilidad”, el que exime de las restricciones que explícitamente se señalan en los actos administrativos de la autoridad sanitaria.

Alegaron que, siendo la política pública disminuir contagios, ello no se logra con el pase de movilidad, dividiéndose antojadizamente entre vacunados y no vacunados.