Ilícitos se cometieron en beneficio de la comunidad.
Comunidad indígena y el presidente de su directorio deberán pagar los daños ocasionados por paralizar el funcionamiento de una empresa.
El presidente, actuando en tal calidad, obstruyó el libre tránsito y acceso hacia la empresa, y extorsionó a la actora para obtener bienes a cambio de permitir su funcionamiento normal.

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Puerto Montt, que confirmó el fallo de primer grado, que acogió la demanda de indemnización de perjuicio deducido por Toralla S.A. en contra del Presidente del Directorio de la Comunidad Indígena Huica Pucatué y esta última, por los ilícitos cometidos por paralizar el funcionamiento de una empresa.
El Tribunal de Primera Instancia al acoger la demanda, tuvo presente que “la empresa Toralla S.A., ejerce una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de E.A.G.B., derivada de daños causados por una serie de ilícitos cometidos por la persona mencionada en distintas fechas del año 2016, hechos por los cuáles demanda en calidad de responsable solidaria a la Comunidad Indígena de Huicha Pucatué”.
Indica que, por una parte, se le imputa al presidente del directorio de la Comunidad “la obstrucción del libre tránsito y acceso vehicular hacia la planta de la empresa Toralla S.A., mediante la colocación de barricadas con neumáticos en combustión y palos realizada el día 5 de mayo del año 2016”
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