La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 5°, de la Ley N° 19.853, que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones I, XV, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena; y, 495, inciso final, del Código del Trabajo.
Las disposiciones legales citadas establecen:
“Copia de la sentencia (que se dicte en el procedimiento de Tutela Laboral) deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro”. (Art. 495, inciso final, del Código del Trabajo).
“Para optar al pago de la bonificación, los empleadores deberán presentar una declaración jurada en la cual declararán no haber sido condenados, en los últimos seis meses, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”. (Art. 5, Ley 19.853).
La gestión pendiente en que incide la acción de inaplicabilidad es un proceso laboral de tutela por vulneración de derechos fundamentales, demanda de indemnización de perjuicios y cobro de prestaciones, en contra de la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire de Dalcahue.
La Corporación alega que los preceptos impugnados vulneran su derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), puesto que imponen una sanción que la priva de ingresos por bonificación de mano de obra por seis meses, la que estima totalmente desproporcionada.
Lo anterior, ya que sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva la justicia laboral, la preceptiva legal impugnada adiciona como sanción la privación de ingresos importantes a la Corporación por seis meses, lo que no guarda ninguna proporción con la ofensa que se le imputa, ocasionándole serios problemas de sostenibilidad del sistema que administra.
Además, arguye que la sanción contenida artículo 5, antes citado, es indeterminada y carece de parámetros objetivos para su aplicación, por cuanto si bien existe un espacio temporal en el cual la institución o empresa condenada quedaría excluida del pago de la bonificación de la Ley N° 19.853, el perjuicio real resulta absolutamente incierto y puede ser muy cuantioso.
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Por otro lado, alega que se transgrede su garantía al debido proceso (art. 19 N°3), ya que la Ley N° 19.853 no contempla una oportunidad para discutir la procedencia y magnitud de la sanción, por lo que los preceptos impugnados establecen una sanción de plano que no tiene oportunidad de ser analizada en su mérito por el órgano jurisdiccional.
Agrega que esto se agrava aún más en el caso concreto, puesto que se inhibe la posibilidad de hacer valer antecedentes que razonablemente debieran obrar como atenuantes.
Luego de declarar admisible el requerimiento, la Segunda Sala de la Magistratura Constitucional ordenó comunicar su decisión a todas las partes de la gestión pendiente, confiriéndoles traslado por el plazo de veinte días para que formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.
Vea el texto del requerimiento y del expediente Rol N°12.664-21.