Amplía la conducta de la “denegación infundada”.
Recurso de protección interpuesto en contra del CPLT por aplicar multa a funcionario por infracción a la Ley N°20.285, en circunstancias que aduce respondió todas las solicitudes formuladas, se acoge a trámite.
Alega el recurrente que la conducta del Consejo constituye una actuación ilegal y arbitraria al interpretar de manera extensiva y abusiva el tipo sancionatorio contenido en el artículo 45 de la LAIP.
La Corte Suprema revocó la resolución pronunciada por la Corte de Santiago, y declaró admisible la acción de protección deducida por el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior en contra del Consejo para la Transparencia, por la dictación de la resolución que resolvió aplicarle una sanción de multa.
En su libelo, el actor señala que el Consejo, en ejercicio de sus exclusivas potestades consagradas en la LAIP dispuso de oficio la instrucción de una investigación sumaria, con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas por infracciones a las obligaciones de la Ley N°20.285.
En el marco de dicha investigación se le formularon cargos en su calidad de Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior. Luego, en sesión ordinaria el Consejo Directivo del CPLT resolvió tener por acreditada su responsabilidad y aplicarle la sanción de multa contemplada en el artículo 45 de la Ley N°20.285, ascendiente al 30% de la remuneración mensualizada.
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