Relación contractual entre camarógrafo y la Presidencia de la República no fue de carácter laboral.

La Corte Suprema desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante en contra de la sentencia de la Corte de Santiago, que hizo lugar al recurso de nulidad interpuesto por la Presidencia de la República y rechazó la demanda declarativa de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones.

La sentencia del máximo Tribunal expone que la materia de derecho respecto de la cual se solicita unificar la jurisprudencia, consiste en determinar “la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios por organismos del Estado en atención a si las funciones desplegadas corresponden o no a los requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si estas se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia”.

Añade que la Corte de Santiago acogió el arbitrio de nulidad, teniendo en consideración que, “los convenios a honorarios de los años 2015, 2016 y 2017 determinan la contratación del demandante en el programa de apoyo de actividades presidenciales, quedando sus funciones establecidas en la cláusula tercera de dicho instrumento, culminando ella con la expresión ‘y cualquier otra actividad que sea requerida por su jefatura o encargado directo y que sea necesaria para apoyar la función presidencial’. El mismo instrumento en la cláusula cuarta establece el pago mensual previo informe de las actividades que debe ser autorizado y visado por la jefatura. Además, dispone la obligación de concurrir durante días y horas hábiles o inhábiles que determine la Presidencia. Se le obliga además a realizar declaración de interés y patrimonio y la obligación de cumplir políticas e instructivos relativos a la seguridad de información dada por la autoridad competente de la Presidencia de la República”. En virtud de ello, y previa cita de los artículos 1 del Código del Trabajo, 11 de la Ley N°18.834 y 15 de la Ley N°18.575, razonó que, “el actor siempre conoció la naturaleza jurídica del vínculo que lo ligaba con el ente público, lo que no puede desconocer ahora, y con los documentos agregados por las partes al juicio, que así lo corroboran, esta Corte llega al convencimiento que el demandante fue contratado por el demandado para efectuar cometidos específicos y por tiempos determinados, conforme a la facultad que le da a la autoridad pública el artículo 11 inciso 2° de la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo para funcionarios públicos, de modo tal que la relación que ligó a las partes es la de una prestación de servicios a honorarios y en caso alguno puede derivarse de esos antecedentes un vínculo contractual de tipo laboral, regido por el Código del Trabajo, como lo pretende el demandante en su libelo”.