El Gobierno Regional de la Araucanía (GORE) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), solicitaron pronunciamiento a la Contraloría General de la República, a fin que determine si es posible imputar a los recursos transferidos por el GORE, el pago de un beneficio colectivo a las personas contratadas por el INIA bajo las normas del Código del Trabajo, para la ejecución del programa de que se trata, así como las indemnizaciones por años de servicios a que puedan dar lugar el cese de esas contrataciones.
Al respecto, el ente contralor hace presente que el GORE aprobó un convenio de transferencia de recursos con el INIA en diciembre de 2018, en el que se comprometió a transferir hasta la suma de $406.171.000, para el financiamiento del programa denominado “Transferencia Mejoramiento de la Competitividad de la Producción Ovina Región Araucanía», previéndose como plazo para la ejecución de las actividades el 31 de diciembre del año 2022.
Añade que, para la ejecución del proyecto, el INIA celebró contratos de trabajo con personas que se afiliaron al Sindicato Nacional de Profesionales (SNP), hecho por el cual se hicieron acreedoras de una asignación denominada “décimotercer sueldo”, pactada en la cláusula 17 del Anexo de Contrato de Trabajo Afiliados al SNP, suscrito entre la entidad sindical y la Dirección Nacional del INIA.
En tal contexto, advierte que el numeral 5.1 de la glosa 02 de la Ley N°21.053 -de Presupuestos del Sector Público para el año 2018-, autorizó gastos en personal, y que el referido convenio de transferencia contempló el ítem recursos humanos como un rubro a ser financiado con los fondos de que se trata.
Por consiguiente, sostiene que se ajusta a derecho financiar con cargo a los recursos transferidos por el GORE de la Araucanía, el pago de obligaciones laborales legales incurridas respecto de trabajadores cuyas labores se relacionan directamente con el desarrollo del proyecto.
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De esta forma, concluye que habiendo suscrito el INIA un acuerdo con el Sindicato de Profesionales de dicha institución, que incluye a quienes fueron contratados para el referido programa, resulta procedente que respecto de tales trabajadores el beneficio colectivo por el que se consulta se financie con los recursos públicos provenientes del convenio suscrito con el GORE.
Finalmente, estima posible imputar a los fondos públicos transferidos, las indemnizaciones laborales en la medida que estas sean de carácter legal y se paguen en favor de servidores que desempeñen exclusivamente labores propias del mencionado programa.