Norma que establece multas por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones no produce resultados contrarios a la Constitución. La Magistratura Constitucional rechazó declarar inaplicable el precepto legal, apartándose de precedentes anteriores.

La Magistratura Constitucional desestimó el requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugnó el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La disposición legal que fue cuestionada establece:

“Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a cien unidades tributarias mensuales. Todo lo anterior es sin perjuicio de la paralización o demolición de todo o parte de la obra, según procediere, a menos que el hecho sea constitutivo de delito o tenga una sanción especial determinada en esta ley o en otra.