España.
Tribunal resuelve anular norma que ampliaba el uso del certificado COVID en el País Vasco por ser desproporcionada y no encontrarse suficientemente justificada.
El derecho a la intimidad no prevalece frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública, toda vez que la información sobre si se ha recibido la vacuna o no es una pieza básica y esencial para impedir la propagación de la infección.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (España), acogió el recurso que un ciudadano dedujo contra el Decreto 47/51, que amplió la obligación de exhibir el certificado COVID en establecimientos de ocio y actividades públicas, en la región Vasca.
El actor alegó que la referida disposición vulnera la normativa vigente y regula materias reservadas a normas de rango legal, como la utilización de datos personales. Sostiene que vulnera “(…) el derecho de igualdad; y las libertades ideológicas y de circulación, intimidad, vida familiar y supone una sanción encubierta para las personas que no se han vacunado”.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que “(…) la exhibición de la documentación señalada no vulnera el derecho a la igualdad pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no están. Recordemos que la documentación reviste una triple modalidad, que resulta asequible a todos, de modo que quien no quiere mostrar si ha sido o no vacunado, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la misma, puede presentar el resultado del test de antígenos, y desde luego el certificado de recuperación del COVID-19”.
Temas
Te puede interesar

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Extradición de ciudadano taiwanés a China supone un riesgo real para su integridad al existir antecedentes que dan cuenta de torturas en las cárceles chinas.

Recurso de casación acogido.
El padre privado de la patria potestad carece del derecho a la pensión económica por la muerte de la madre de la menor por configurarse la hipótesis de orfandad absoluta.

Corte Constitucional de Colombia.
Criterios para autorizar visitas carcelarias deben estar supeditados a las políticas nacionales de salud pública dispuestas por la autoridad competente.

