Corte de Chillán ordena a Seremi de Salud reingreso a centro de adultos mayores de residente con discapacidad severa a quien se le ordenó la salida por no tener la edad mínima para acceder a la casa de acogida.

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió recurso de protección y le ordenó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Ñuble dejar sin efecto la resolución que ordenó la salida de internada en el Centro de Adultos Mayores Nueva Aurora, que presenta una discapacidad severa, por no tener la edad mínima para acceder a la casa de acogida.

El fallo señala que, para resolver el asunto planteado se debe tener presente que, si bien los derechos humanos de las personas con discapacidad tienen un desarrollo relativamente nuevo, en nuestro ordenamiento jurídico es posible encontrar un grupo de normas que dicen relación con su promoción y garantía, como son los Tratados Internacionales ratificados por Chile y las distintas leyes creadas para efectos de corregir las posibles situaciones de discriminación en base a tal condición.

La resolución agrega que, en dicho sentido y en lo que interesa al presente recurso, podemos acudir, en primer lugar, a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, promulgada por el Decreto 201/2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya desde su Preámbulo, establece variados reconocimientos, conceptos y principios sobre el tratamiento de la discriminación, destacando en su artículo 1° que su propósito es ‘promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente’. (…) En el ámbito nacional, la Ley N° 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, señala en su artículo 3º, que para la aplicación de la ley debe darse cumplimiento a los principios, entre otros, al de intersectorialidad, el cual se define como ‘El principio en virtud del cual las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad’.