No procede negar la entrega de la totalidad de la información requerida a un municipio sobre la base de distinciones que carecen de asidero, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto en contra de los ministros integrantes de la segunda Sala de la Corte de Talca, por haber incurrido en falta o abuso grave al dictar una sentencia que acogió parcialmente un reclamo de ilegalidad presentado en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia (CPT).

Un particular ingresó a la Oficina de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de Talca, un formulario con siete preguntas relacionadas con medidas y protocolos en materia de violencia intrafamiliar adoptadas por el municipio. Algunas de las preguntas eran: ¿El municipio colabora o cuenta con el apoyo y coordinación de agentes privados externos en materia de violencia intrafamiliar?; ¿Existe un seguimiento de los casos de violencia intrafamiliar posterior a la denuncia destinados a acompañar a los afectados?; ¿El municipio tiene protocolos destinados ayudar y guiar a las familias y/o testigos de la violencia intrafamiliar?, y ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a trabajar los tópicos de violencia intrafamiliar (2019)?

La Municipalidad de Talca negó la información solicitada atendido los términos en que fue requerida; en base a un cuestionario y no a una solicitud de acceso a información pública propiamente tal; decisión que fue revocada por el CPLT en sede de amparo, al observar que, “(…) se trata de una solicitud de información de naturaleza pública amparada por la Ley de Transparencia, sin que la forma en que se encuentra planteada dicha petición, resulte ser un impedimento para su entrega, en vista que es claro que cada interrogante puede ser satisfecha, simplemente, con una respuesta afirmativa o negativa y, en el caso de ser positiva, proporcionar al reclamante el documento que contiene dichos antecedentes”.