Contraloría General de la República.
Corresponde a las jefaturas superiores del servicio identificar las funciones y/o el personal que será excluidos del régimen de teletrabajo.
Al tratarse de una facultad discrecional de la autoridad, se debe ponderar las razones de buena administración procedentes para su ejercicio, a fin de asegurar la continuidad de los servicios.
Se dirigió a la Contraloría General el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), para solicitar una interpretación del inciso tercero del artículo 67 de la ley N° 21.526, respecto a cómo determinar las jefaturas que no integren la planta directiva y que serán excluidas de desarrollar funciones mediante teletrabajo.
En concreto, solicita se precise si la redacción de ese precepto exige “dictar un acto administrativo fundado, considerando la naturaleza de la autorización en la que se encuentra inserta la referida exclusión” y que se trate de funciones susceptibles de realizarse a través de ese mecanismo de desempeño remoto.
Una consulta similar efectúa la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en la que pide aclarar si el acto administrativo a que se refiere la norma es aquel que individualiza a todas las jefaturas no directivas que existen dentro de la respectiva organización o se trata de uno que se debe emitir al efecto.
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