El Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo de Francia, desestimó una demanda colectiva interpuesta contra el gobierno francés por la presunta realización de controles de identidad discriminatorios a personas de origen árabe y africano. Dictaminó que no existe una discriminación sistémica hacia estos grupos y que las políticas gubernamentales relativas al orden público no pueden revisadas en sede administrativa.
La acción fue promovida por una serie de organizaciones de derechos humanos que acusaron al gobierno de no poner fin a la discriminación generalizada que la policía ha ejercido contra jóvenes árabes y africanos en los controles de identidad rutinarios. Aseguraron que estas personas suelen ser un objetivo predilecto para los agentes que realizan estos controles, por su sola apariencia física; y que la falta de sanción a la violencia policial contribuye a fomentar una cultura de impunidad.
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En su análisis de fondo, el Consejo constató la existencia de prácticas discriminatorias en este tipo de controles, sin embargo, aseguró que no eran una costumbre generalizada como acusaron las demandantes. Constató que las medidas solicitadas (modificación del código de procedimiento penal (artículo 78-2) y creación de un régimen específico para los menores, entre otras) implican una redefinición general de las políticas de orden público que está fuera de las competencias del Consejo.
“La práctica de este tipo de controles existe y, sin adquirir un carácter discriminatorio «sistémico» o «generalizado» como sostienen las demandantes, aunque existente, no se limita a casos individuales aislados. Además, las solicitudes implican una redefinición general de la política de controles de identidad para reprimir la delincuencia y prevenir alteraciones del orden público. Sin embargo, no corresponde al juez administrativo tomar el lugar de las autoridades públicas en la determinación de estas cuestiones”, concluyeron los jueces del tribunal.