Delegados presidenciales provinciales y regionales cuentan con atribuciones para exigir la restitución administrativa de los inmuebles fiscales recurriendo incluso al uso de fuerza pública.

Se consultó a la Contraloría General de la República por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, respecto de las competencias y atribuciones legales de los delegados presidenciales provinciales y regionales en materia de restitución administrativa de inmuebles fiscales, en el contexto de la ocupación irregular de propiedades estatales.

La cuestión central radica en determinar hasta qué punto los delegados presidenciales, tanto provinciales como regionales, pueden ejercer la autoridad para reclamar la devolución de inmuebles fiscales, no considerados bienes nacionales de uso público, que han sido ocupados por particulares. Esta interrogante surge de la interpretación y aplicación de diversas normativas, incluyendo la ley N° 19.175, el decreto con fuerza de ley N° 22 de 1959, y el decreto ley Nº 1.939 de 1977.

La ley N° 19.175, que regula el Gobierno y Administración Regional, y el decreto con fuerza de ley N° 22 de 1959, referente al Servicio de Gobierno Interior, establecen las funciones y facultades de los delegados presidenciales. En particular, se destaca la capacidad de estos para requerir el auxilio de la fuerza pública en su territorio jurisdiccional y la responsabilidad de vigilar los bienes del Estado, pudiendo exigir su restitución cuando se encuentren ocupados ilegalmente.