La Corte Suprema de Florida (Estados Unidos) dictaminó, en el caso “Planned Parenthood of Southwest and Central Florida vs. State of Florida”, que la constitución estatal no garantiza el derecho al aborto, ratificando la prohibición de la interrupción del embarazo después de las 15 semanas que rige actualmente. El fallo también da luz verde a la entrada en vigencia de la “Ley de Protección del Latido del Corazón”, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, la cual deberá ser legitimada mediante un referéndum.
Esta Ley prohíbe el aborto después de las 6 semanas, salvo casos por violación, incesto, trata de personas, anomalías fetales fatales y salud materna. La Corte también ha permitido que una enmienda propuesta con el objetivo de incluir protecciones contra el aborto en la constitución estatal, sea sometida a votación en un referéndum que se llevará a cabo en noviembre de este año. En consecuencia, los votantes tendrán la posibilidad de decidir si regirá la prohibición de las 6 semanas.
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El caso refleja las divergencias existentes en la opinión pública y política en relación con el aborto, tanto en Florida como en todo Estados Unidos. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization en 2022, que revocó parcialmente Roe v. Wade, ha motivado un incremento de las prohibiciones estatales al aborto en el país. Varios estados han promulgado leyes que prohíben el aborto, algunas de ellas a las 6 semanas de embarazo.
El acceso al aborto en Estados Unidos ha sido objeto de un intenso debate y está sujeto a regulaciones estatales cambiantes. Mientras que algunos Estados han implementado restricciones significativas, otros han mantenido un acceso más amplio al aborto. El actual caso en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la autorización y regulación de la píldora abortiva mifepristona es otro ejemplo de cómo el debate sobre el aborto sigue siendo un tema de gran relevancia y controversia en el país.
“Es posible que la decisión de abortar se haya tomado en soledad, pero el procedimiento en sí incluyó intervención médica y requirió tanto la presencia como la intrusión de otras personas. También destacamos que este ‘derecho a ser dejado en paz’ fue modificado por un principio limitante: el derecho no permitía a un individuo infligir daño a sí mismo o a otros”, señala el fallo.