Derecho a la vivienda digna.
Autoridades deben monitorear adecuadamente las zonas proclives a sufrir desastres naturales y adoptar las medidas necesarias para reubicar a las familias afectadas, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
En aquellos eventos en los que el inmueble se encuentre ubicado en una zona que implica un riesgo para quienes lo habitan, se puede entender que el bien no cumple con unos requisitos mínimos para ajustarse a lo que se reconoce como habitabilidad y asequibilidad adecuadas y, por tanto, no sólo se encuentra amenazado el derecho fundamental a la vivienda digna, sino también a la seguridad e integridad personal.
La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta contra el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), organismo gestor del riesgo de desastres naturales, por no adoptar medidas para reubicar a un conjunto de familias que habitan en una zona de alto riesgo. Amparó los derechos fundamentales a la vida, seguridad personal y vivienda digna de los afectados.
Los solicitantes residen en un barrio que ha sufrido múltiples deslizamientos de tierra, los cuales han causado daños estructurales a las viviendas del sector. En este contexto, solicitaron a la autoridad la reubicación del barrio en una zona más segura, atendido a que previamente se había tomado esta resolución respecto a un barrio cercano. A pesar de que el IDIGER reconoció que el terreno no era apto para la construcción, omitió señalar si era posible mitigar los riesgos y si era necesaria la reubicación.
Posteriormente interpusieron una acción de tutela en sede judicial que fue desestimada en primera y segunda instancia. Los tribunales estimaron la idoneidad del informe técnico de las autoridades y señalaron que los riesgos “fueron asumidos por las personas que decidieron habitar los terrenos de forma irregular”. Tras estos fallos adversos el asunto llegó a conocimiento de la Corte Constitucional.
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