Debe decretarse una pericia psiquiátrica si existen antecedentes de una posible enajenación mental del condenado, resuelve Corte de Copiapó.

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Garantía de esa ciudad, que rechazó decretar una medida de seguridad y ordenar que se elabore una pericia psiquiátrica al condenado por el delito de homicidio simple.

El amparado alegó que, si bien no solicitó al Juzgado de Garantía la aplicación de medidas de seguridad de conformidad a los artículos 455 y siguientes del Código Procesal Penal, ni tampoco ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que lo condenó, sede en que tampoco se discutió la eventual enajenación mental del encartado, pese a que en 2020 la COMPIN dictaminó que tenía una discapacidad mental severa, en cuanto fue diagnosticado de esquizofrenia resistente, el Juzgado de Garantía no debió rechazar la aplicación de una medida de seguridad ni menos que se le practique una pericia psiquiátrica para determinar si es enajenado mental y, en su caso, dar cuenta de su peligrosidad y establecer, además, si la esquizofrenia que padece es incurable o no.

Sostiene que el artículo que regula los casos en que el condenado recae en enajenación mental debe ser interpretado armónicamente con las demás normas que rigen la materia: con el artículo 458 del Código Procesal Penal, de modo que si aparecen antecedentes que permitieran presumir la inimputabilidad por enajenación mental durante el procedimiento, se debe solicitar el informe psiquiátrico, cuyo procedimiento no sólo es hasta que se dicte sentencia, sino que también incluye la etapa de ejecución.