Autoridades administrativas de educación deben coordinarse a fin de observar los principios de celeridad y eficiencia al ejercer sus potestades sancionadoras.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, que acogió el recurso de reclamación interpuesto por una Corporación Educacional en contra de la resolución de la Superintendencia de Educación que la sancionó con la privación parcial y temporal de la subvención general de un 2% por dos meses, y la inhabilitación temporal por dos años para obtener y mantener la calidad de sostenedor, por no cumplir con los requisitos mediante los cuales obtuvo el reconocimiento oficial y por reubicar el establecimiento sin la autorización de la secretaría regional ministerial de educación.

La Corporación reclamante alegó que, frente a la necesidad de contar con un nuevo local de funcionamiento, solicitó al Ministerio de Educación la aprobación de cambio de local iniciando dichos trámites el 28 de febrero de 2020. No obstante, en el mes marzo del 2020 se declaró la pandemia, con las consecuentes restricciones de desplazamientos y alteración de funcionamiento de los servicios públicos a los que debían requerir la información.

Añade que, en diciembre de 2021, la Superintendencia de Educación realizó una visita inspectiva, constatando que el establecimiento “se encontraba cerrado con candado y sin el letrero del establecimiento”, instruyendo un proceso administrativo, cuando ese establecimiento correspondía al local al que iban a trasladarse, pero cuyo contrato de arriendo no se concretó.