Interposición de medida prejudicial probatoria no interrumpe plazo de caducidad previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo.

La quejosa expone que el juicio se inició por medida prejudicial probatoria solicitada el 30 de enero de 2024, gestión a la que se le dio curso y se allegaron los antecedentes, por lo que interpuso la demanda el 19 de marzo de 2024, citándose a la audiencia preparatoria de 3 de mayo de 2024, en que previo traslado a su parte se acogió la excepción de caducidad opuesta por la contraria, por entender que la medida judicial no tiene el efecto de interrumpir el término para interponer la demanda, lo que sólo ocurriría en la forma y respecto de la gestión descrita en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Requerido informe, los recurridos señalan que dictaron la resolución cuestionada en que reprodujeron los fundamentos dados por el tribunal del grado, que argumentó que el término de caducidad instituido en el artículo 168 del Código del Trabajo contempla únicamente como causal de suspensión la presentación de un reclamo administrativo, excluyendo otras hipótesis de suspensión y que, dada su naturaleza, no pudo ser interrumpido de la manera que pretende el compareciente, con la interposición de una medida prejudicial probatoria, sino únicamente mediante el ejercicio de las acciones contempladas en la misma norma, esto es, entablando la demanda por despido improcedente, indebido o injustificado, la que se dedujo una vez transcurrido el plazo de sesenta días hábiles consagrado en el inciso primero de dicha disposición.

Al respecto, el máximo Tribunal refiere que el mérito de los antecedentes no permite concluir que la magistratura recurrida haya incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias, pues, pese a que no comparte la interpretación restrictiva que se efectúa de la expresión “recurrir” contenida en el artículo 168 del Código del Trabajo, lo cierto es que la resolución del problema supone el ejercicio de la actividad jurisdiccional a fin de interpretar tanto esa norma como las que regulan las medidas prejudiciales probatorias y sus efectos en relación al plazo de caducidad.