Más de setecientos socios pertenecientes a importantes estudios jurídicos de Estados Unidos presentaron un escrito “amicus curiae” en apoyo de la demanda que el bufete Susman Godfrey interpuso contra el gobierno federal. En dicho escrito, los socios alegan que ciertas órdenes ejecutivas recientemente promulgadas exceden las competencias atribuidas al presidente y que vulneran derechos garantizados por la Primera, Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
Law Firm Partners United (LFPU), agrupación que integra a socios de los 200 bufetes de abogados de mayor presencia en el país, fue constituida el 6 de abril con motivo del proceso judicial iniciado por el despacho Perkins Coie. Este bufete ha impugnado la Orden Ejecutiva 14230, en la cual se le atribuyen prácticas destinadas a impugnar las leyes electorales vigentes y presuntas discriminaciones de carácter racial en sus procesos internos. Dicha orden establece la apertura de investigaciones y la posible revocación de contratos gubernamentales y autorizaciones de seguridad.
Posteriormente, se promulgó la Orden Ejecutiva 14263, dirigida contra Susman Godfrey. En ella se alude a programas de fomento de la diversidad mediante los cuales se otorgan incentivos económicos y oportunidades profesionales a estudiantes pertenecientes a minorías raciales, ordenando la apertura de una investigación y la reducción de contratos públicos con la firma. Esta orden se enmarca en un conjunto de medidas orientadas a revisar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en sectores públicos y privados.
En el escrito presentado por LFPU, se argumenta que la Orden Ejecutiva 14263 interfiere en funciones esenciales del sistema judicial, contraviniendo principios básicos del estado de derecho. Asimismo, se sostiene que las acciones emprendidas vulneran las protecciones establecidas en la Primera Enmienda, en particular el derecho a la libertad de expresión, la prohibición de discriminación por razón de opiniones y el derecho de petición al gobierno.
Por otro lado, el escrito plantea que las sanciones impuestas afectan al derecho al debido proceso consagrado en la Quinta Enmienda y al derecho de defensa jurídica, reconocido en la Sexta Enmienda. Según el bufete Susman Godfrey, las acusaciones relativas a prácticas discriminatorias deducidas en su contra no se encuentran suficientemente fundamentadas en los documentos judiciales presentados hasta la fecha.
Estas actuaciones se producen en el contexto de diversas órdenes ejecutivas emitidas en relación con otros despachos de abogados. Algunos tribunales federales han procedido a bloquear parcialmente órdenes similares dictadas contra los bufetes WilmerHale y Jenner & Block. Asimismo, la orden dirigida contra Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison fue finalmente revocada tras la adopción por parte del bufete de nuevas políticas internas y el compromiso de prestar servicios jurídicos pro bono en diversas áreas de interés público.