En pleno 2025, para generar un entorno de trabajo seguro y saludable es necesario integrar de forma explícita la perspectiva de género. De acuerdo con los datos entregados por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en conjunto con el análisis de la Organización del Trabajo (OIT) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), denotan de manera fehaciente que los hombres y las mujeres no se enfrentan a los mismos riesgos laborales, por lo cual es imperante que reciban distinto tratamiento en momento de prevención. Se podría decir, que la seguridad y la salud en el trabajo también tienen el prisma asociado al género, y la negación de esta realidad constituye un obstáculo tanto ético como estratégico para las organizaciones.

Según el estudio CEAL-SM/SUSESO 2024, denota que son las mujeres reportan niveles más altos de carga emocional, sobrecarga de trabajo, dificultades para equilibrar la vida personal y laboral, conflictos de rol y bajo compañerismo en comparación con los hombres. Dichos hallazgos, reflejan desigualdades estructurales profundamente arraigadas, donde la división sexual del trabajo y la sobrerrepresentación femenina en sectores de alta precariedad —como son salud, la educación y el cuidado de otros— incrementan su exposición a riesgos ergonómicos, emocionales y psicosociales.

De hecho, en Chile, las mujeres concentran el 66% de las enfermedades profesionales calificadas, mientras que los hombres representan el 34%, según datos del Informe Anual 2024 de SUSESO. Esta brecha es especialmente significativa en las patologías vinculadas a salud mental, que representaron el 72% de los diagnósticos de enfermedades profesionales durante el año 2024, reflejando no solo una mayor carga emocional, sino también una exposición sistemática a entornos laborales adversos que siguen sin ser adecuadamente reconocidos o abordados​. (https://n9.cl/gtwlu)

Otro aspecto importante para observar es la violencia y el acoso laboral constituyen un componente crítico de esta problemática. Dentro de la región de Latinoamérica lidera globalmente la prevalencia de estos fenómenos, alcanzando un 34,3% según datos de la OIT, muy por encima de Europa o África. Chile, inserto en esta realidad regional, ha impulsado avances normativos como la Ley Karin (Ley N° 21.643). Sin embargo, los resultados aún son limitados: el índice de riesgo psicosocial apenas varió de 0,55 a 0,56 tras la entrada en vigor de la ley, evidenciando que los cambios regulatorios deben ser acompañados de transformaciones culturales profundas acompañadas con todos los entes involucrados.

Comparaciones a nivel mundial del fenómeno.

La comparación internacional muestra que Chile enfrenta un desafío significativo en materia de equidad laboral y salud ocupacional, con una participación femenina en el trabajo formal que alcanza solo el 49%, por debajo del promedio de 59% en los países de la OCDE, y una carga de trabajo doméstico no remunerado que duplica la de los hombres, afectando el bienestar físico y mental de las mujeres. Estas desigualdades se agravaron durante la pandemia, donde las mujeres latinoamericanas tuvieron un 50% más de riesgo de perder sus empleos. Frente a este escenario, la OIT subraya que integrar la perspectiva de género en las políticas de seguridad y salud en el trabajo es indispensable, estableciendo a través de convenios como el 190 y el 155, y mediante la Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2022, la obligación de construir entornos laborales seguros, saludables e inclusivos que reconozcan las diferencias biológicas, sociales y culturales entre hombres y mujeres.

Los desafíos son múltiples. La sobrerrepresentación femenina en el sector informal y de cuidados, la falta de adaptación de equipos de protección personal al cuerpo femenino, la escasa representación de mujeres en los comités de seguridad y la ausencia de indicadores de género en los sistemas de reporte de accidentes son barreras que deben ser superadas con urgencia. Más aún, la OIT advierte que ignorar las diferencias de género en la evaluación y prevención de riesgos genera no solo una falta de equidad, sino también ineficiencias organizacionales, costos económicos mayores y pérdida de talento, aspectos críticos en un mundo empresarial que exige innovación, resiliencia y responsabilidad social.

Sesgos en la evaluación de licencias y accidentes: ¿Una carga adicional para las mujeres?

Uno de los datos más preocupantes que entregados por SUSESO es que las mujeres tienen un 21% más de probabilidades de que su licencia médica sea rechazada en comparación a los hombres​.
Este fenómeno es un claro reflejo de lo que la OIT denomina «visión androcéntrica» en la medicina y la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde los sistemas fueron históricamente diseñados pensando en un trabajador hombre estándar​. De igual manera, esta brecha podría vincularse a su vez a la baja tasa de calificación de enfermedades profesionales como de origen laboral, la cual alcanzó apenas un 19% en 2024. Dado que las mujeres son mayoría en sectores de cuidados y educación, donde predominan las enfermedades psicosociales, la falta de reconocimiento de estas condiciones refuerza la subestimación institucional de su sufrimiento laboral​.

La distribución por sectores también refleja profundas desigualdades estructurales. Según SUSESO, el 85% de las mujeres protegidas por el seguro social trabajan en servicios y comercio, sectores donde la accidentabilidad promedio es más baja, pero las condiciones de precariedad y carga emocional son altas. En contraste, sectores de mayor riesgo físico como minería o construcción concentran una mayoría masculina. Esta segmentación horizontal del trabajo profundiza las brechas en exposición a distintos tipos de riesgos: físicos para los hombres y psicosociales para las mujeres​

Además, mientras los hombres concentran una mayor proporción de accidentes laborales graves, las mujeres lideran en la incidencia de enfermedades profesionales (EP), especialmente en patologías asociadas a la salud mental y los trastornos musculoesqueléticos. En estos casos, la sintomatología femenina suele ser subvalorada o incluso invisibilizada, lo que refuerza las brechas estructurales en la protección social. Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (https://n9.cl/62dr7), en 2023 se registraron 2,3 accidentes laborales por cada 100 trabajadoras, frente a 2,9 en el caso de los hombres. Para 2024, ambas cifras disminuyeron: 2,2 en mujeres y 2,6 en hombres, siendo esta última la reducción más significativa respecto al año anterior.

Esta tendencia se refleja también en los registros globales de accidentabilidad laboral: los hombres representaron el 62,3% de los accidentes del trabajo en 2024, frente al 37,7% de las mujeres. No obstante, el 95% de los fallecimientos por accidentes laborales correspondió a hombres (146 de los 154 casos), lo que evidencia su mayor exposición a labores de alto riesgo físico. En contrapartida, las mujeres concentraron el 52,9% de los accidentes de trayecto, una cifra que puede estar asociada a su sobrerrepresentación en sectores de alta movilidad, así como a la carga derivada de la doble jornada laboral. (https://n9.cl/gtwlu)

La necesidad de incorporar género en la seguridad laboral

Reciente informe de la OIT y la OISS sobre SST y género en Iberoamérica​ establece recomendaciones claras:

– Integrar diferencias biológicas y socioculturales en las evaluaciones de riesgo.

– Modificar los equipos de protección personal (EPP) para considerar diferencias morfológicas entre mujeres y hombres.

– Visibilizar los riesgos del sector cuidados, altamente feminizado y precariamente protegido.

– Incluir a mujeres en los órganos de toma de decisiones en Seguridad y Salud en el trabajo.

«No se puede lograr la igualdad de género en seguridad y salud en el trabajo si no se reconocen las diferencias en la exposición a riesgos y en las condiciones de trabajo». (Link : https://n9.cl/dnbhw)

La integración de la perspectiva de género en la gestión de la SST es más que una obligación ética, es una meta internacional, así como también una oportunidad estratégica para el país. Chile y América Latina, han dado cuenta históricamente de sus diferencias en términos culturales con otras localidades del mundo, por lo cual la variable género no podría ser diferente, por este motivo actuar en consecuencia no es algo opcional, sino imprescindible. Por su parte, SUSESO recalca el desafío estructural para fortalecer una cultura preventiva con enfoque de género, perfeccionar los sistemas de calificación de enfermedades profesionales, aumentar la participación femenina en comités paritarios y reforzar la formación técnica en salud mental. Asimismo, llama a reconocer la diversidad —en género, edad y condición migratoria— como un eje central de la gestión estratégica en seguridad y salud en el trabajo, alineado con el Convenio 190 de la OIT y el nuevo reglamento DS 44 que regirá desde 2025.