Orden de expulsión debe ser reevaluada, considerando arraigo familiar y laboral de ciudadana venezolana

La Corte de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por una ciudadana venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión del territorio nacional.

La reclamante calificó la medida como ilegal y arbitraria, relatando que ingresó en 2020 por un paso no habilitado junto a su hija, y desde entonces ha mantenido residencia y vínculos familiares y laborales en Chile, incluyendo un contrato indefinido como cuidadora. Indicó que la autoridad no consideró debidamente su arraigo, la situación de sus hijos —uno con residencia temporal y otro en proceso de definitiva—, ni su ausencia de antecedentes penales. Además, sostuvo que se vulneró su derecho al debido proceso y a la unidad familiar, protegido por la Constitución y tratados internacionales, por lo que solicitó que se deje sin efecto la resolución de expulsión.

El Servicio solicitó el rechazo del reclamo, argumentando que la expulsión se dictó por autoridad competente y conforme a la ley, al haberse acreditado el ingreso clandestino de la extranjera, sin posterior regularización formal de su situación migratoria. Señaló que se respetó el procedimiento sancionatorio y se otorgó plazo para descargos, los que fueron notificados al domicilio registrado. Afirmó que la falta de registro de ingreso y la existencia de una autodenuncia ratifican la configuración de la causal de expulsión del artículo 127 N°1 de la Ley de Migraciones.