La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y del Hospital Clínico Metropolitano de La Florida, por la negativa a otorgar cobertura del medicamento “Risdiplam”, necesario para el tratamiento del actor.
El recurrente explicó que el medicamento es necesario para tratar su atrofia muscular espinal (AME) Tipo 3, enfermedad degenerativa que afecta su calidad de vida y pone en riesgo su vida. Argumentó que, pese a haber solicitado el tratamiento en dichos organismos públicos, fue rechazado por falta de recursos y porque el fármaco no está incluido en los programas oficiales, además de que se le negó atención en el hospital bajo el argumento erróneo de que no mantiene controles allí. Sostuvo que esta negativa vulnera sus derechos constitucionales a la vida, igualdad ante la ley y a la protección de la salud, y que otros pacientes con la misma condición sí han recibido este tratamiento por sentencias previas. Solicitó que se ordene a las entidades responsables gestionar y suministrar en forma urgente el medicamento con la dosis prescrita.
La Corte de Santiago desestimó la acción cautelar, al considerar que las entidades recurridas actuaron dentro del marco legal vigente, ya que el medicamento solicitado es de alto costo, no está incorporado en el Régimen General de Prestaciones de Salud ni cuenta con financiamiento público ni cobertura en el Sistema de Garantías Explícitas de Salud. Además, las recurridas carecen de atribuciones para otorgar el financiamiento reclamado, actuando conforme al principio de juridicidad y sin arbitrariedad. También señaló que no se acreditó un vínculo causal entre la negativa y una amenaza directa a la vida o salud del recurrente, y que la exigencia de la cobertura del medicamento corresponde a decisiones de política pública, las cuales deben considerar aspectos técnicos y financieros.
La decisión fue revertida por el máximo Tribunal en alzada, tras constatar el riesgo vital inminente que enfrenta el recurrente, diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 3, enfermedad progresiva y potencialmente mortal.
El informe médico acreditó el deterioro acelerado de su condición física, con pérdida de movilidad y riesgo respiratorio, lo que implica una amenaza directa a su derecho a la vida y a la integridad física, garantizados constitucionalmente.
Se concluyó que la negativa de las autoridades recurridas a suministrar el medicamento Risdiplam, basado en razones administrativas y económicas, constituyó un acto arbitrario que vulnera dichas garantías fundamentales.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada, acogió el recurso de protección, y ordenó a las recurridas adoptar las gestiones necesarias para la adquisición y suministro del fármaco mientras el tratamiento sea prescrito por el médico tratante del actor.
La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Matus, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada en virtud de sus propios fundamentos.
Vea sentencia Corte Suprema Rol N°19021/2025 y Corte de Santiago Rol N°465/2025 (Protección).