Corte de Santiago respalda Decreto que regula cooperación de compañías de telecomunicaciones con investigaciones penales

15La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por la Asociación Chilena de Empresas de Telecomunicaciones AG (Chile Telcos AG) contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la dictación del Decreto Supremo N°198 de 2024.

El recurrente sostuvo que el decreto excede la potestad reglamentaria e impone obligaciones sin respaldo legal, vulnerando los derechos a la protección de datos personales (art. 19 N°4), libertad económica (art. 19 N°21) y derecho de propiedad (art. 19 N°24) de la Constitución, al obligar a las empresas de telecomunicaciones a identificar, designar e informar al Ministerio Público los nombres de los empleados que colaboren en procesos de interceptación de comunicaciones; a entregar información de tráfico con capacidad de georreferenciación de clientes; y a crear, mantener y ofrecer plataformas tecnológicas para facilitar las investigaciones penales. Según el recurrente, estas obligaciones no tienen habilitación legal expresa, exceden los límites de la potestad reglamentaria y afectan directamente la autodeterminación informativa de los trabajadores y clientes, imponen cargas desproporcionadas sobre las empresas y pueden interferir con la normal operación de sus servicios, mientras que algunas de las materias reguladas por el decreto están actualmente en discusión en un proyecto de ley en el Congreso, lo que demuestra que deben ser legisladas y no impuestas por decreto.

Los ministerios recurridos solicitaron el rechazo del recurso, señalando que el decreto se enmarca en el ejercicio regular de la potestad reglamentaria y desarrolla obligaciones ya establecidas en la ley, sin vulnerar garantías constitucionales.