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Interceptación de comunicaciones

Corte de Santiago respalda Decreto que regula cooperación de compañías de telecomunicaciones con investigaciones penales

Se desestimó el recurso de protección de la asociación que agrupa a las principales empresas de telecomunicaciones, que cuestionaba el Decreto Supremo N°198/2024 por imponer obligaciones sin respaldo legal. La Corte concluyó que las medidas se limitan a colaborar con investigaciones judiciales y respetan las garantías legales y constitucionales existentes.

06 de septiembre de 2025

Imagen: TC

Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que regula entrada en vigencia de Reglamentos de la Ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad pública, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el acceso a un recurso efectivo, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que impide reclamar la medida expulsiva dispuesta por la Dirección General de Carabineros.

22 de noviembre de 2024

Ministerio del Interior y Seguridad pública está facultado para suscribir convenio de colaboración policial, interinstitucional e internacional con Venezuela.

Contraloría General de la República.

Ministerio del Interior y Seguridad pública está facultado para suscribir convenio de colaboración policial, interinstitucional e internacional con Venezuela.

Por el acuerdo en cuestión, el ministerio, con el objeto promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, pacta con su contraparte la mutua colaboración, a fin de facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de la criminalidad organizada.

26 de abril de 2024

Recurso de protección de senadores Ossandón y Cruz-Coke y del ex ministro Jaime Ravinet en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por no garantizar condiciones mínimas para evitar los narco-funerales, se declara inadmisible.

Condiciones de seguridad.

Recurso de protección de senadores Ossandón y Cruz-Coke y del ex ministro Jaime Ravinet en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por no garantizar condiciones mínimas para evitar los narco-funerales, se declara inadmisible.

La acción constitucional de protección cautela el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales reconocidas a las personas, en casos concretos. No es una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga interés inmediato y directo comprometido.

13 de mayo de 2023

Normas que regulan la ejecución de las sentencias definitivas arbitrales se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

Por unanimidad.

TC declara inadmisible inaplicabilidad de normas en juicio en el que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio del Interior, acusan a persona de delitos de asociación ilícita, falsedades documentales y obstrucción a la investigación.

La Primera Sala señaló que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC, esto es, cuando de los antecedentes de la gestión pendiente aparezca que el precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto, y carezca de falta de fundamento plausible.

07 de marzo de 2021

Corte de Puerto Montt declaró inadmisible recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la masiva caravana de vehículos y manifestantes que ingresó el 18 de noviembre pasado a la ciudad proveniente de una comuna en cuarentena, poniendo en riesgo de contagio por coronavirus.

En fallo unánime.

Corte de Puerto Montt declaró inadmisible recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la masiva caravana de vehículos y manifestantes que ingresó el 18 de noviembre pasado a la ciudad proveniente de una comuna en cuarentena, poniendo en riesgo de contagio por coronavirus.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional, tras establecer que la parte recurrente no denuncia hechos que vulneren garantías fundamentales.

22 de noviembre de 2020