Ley General de Educación
Presentan reforma constitucional para establecer proyecto educativo nacional y blindar contenidos mínimos
La iniciativa busca asegurar estabilidad, neutralidad y continuidad en la enseñanza obligatoria, fijando contenidos mínimos con base científica y resguardando la educación de cambios políticos.
El diputado Cristian Contreras ingresó una reforma constitucional para establecer un Proyecto Educativo Nacional.
La iniciativa se fundamenta en que la gobernanza curricular en Chile es actualmente un proceso técnico-administrativo complejo, regulado principalmente por la Ley General de Educación y la normativa de aseguramiento de la calidad, en el que intervienen el Ministerio de Educación —a través de su unidad especializada—, el Consejo Nacional de Educación —como órgano autónomo encargado de aprobar o rechazar las bases curriculares— y el Presidente de la República, quien oficializa dichas bases mediante decretos.
No obstante, el proyecto advierte que, pese a estos mecanismos, la normativa vigente permite introducir cambios profundos en los enfoques educativos mediante actos administrativos o leyes de quórum simple, lo que expone la formación de los estudiantes a la contingencia política de los gobiernos de turno.
Asimismo, se señala que la centralización de la educación estatal ha incrementado el riesgo de una eventual uniformidad ideológica, en ausencia de un resguardo constitucional que proteja los contenidos mínimos que debe garantizar el Estado.
En ese contexto, la propuesta busca fortalecer la libertad de enseñanza, estableciendo un “piso mínimo” basado en criterios de seriedad y neutralidad. La educación particular, tanto subvencionada como pagada, mantendría su autonomía para desarrollar sus propios proyectos educativos, utilizando el Proyecto Educativo Nacional como marco de estándares mínimos y no como una imposición que limite su identidad.
El texto también incorpora referencias comparadas, destacando que constituciones como las de Irlanda y España reconocen la necesidad de asegurar estándares educativos mínimos a nivel nacional, compatibilizándolos con el pluralismo educativo.
En lo normativo, la reforma propone modificar la Constitución para establecer que el Estado deberá desarrollar y mantener un Proyecto Educativo Nacional para la educación obligatoria, orientado a garantizar la continuidad, estabilidad y neutralidad del proceso de enseñanza, fundado en la evidencia científica, el pensamiento crítico, la formación cívica, el respeto a la historia y la identidad nacional.
Asimismo, se dispone que dicho proyecto constituirá el marco de contenidos mínimos obligatorios y objetivos de aprendizaje para todos los establecimientos educacionales, sin perjuicio de la autonomía de los establecimientos particulares para complementar dichos contenidos conforme a la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres.
La iniciativa establece además que las bases curriculares que definan estos contenidos esenciales deberán tener permanencia, y que sus modificaciones sustanciales, así como las normas sobre evaluación y promoción escolar, deberán ser aprobadas mediante una ley orgánica constitucional.
Finalmente, se plantea que el Estado deberá asegurar que la oferta educativa pública sea coherente con estos principios, garantizando una formación de calidad independiente de los ciclos políticos y resguardando a los estudiantes frente a eventuales formas de adoctrinamiento ideológico.
Vea texto moción Boletín Nº18.141-07 y siga su tramitación aquí.
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