Medicamento de alto costo no puede financiarse por protección sin acreditar riesgo vital, resuelve Corte Suprema

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto en favor de una niña de 12 años en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y del Ministerio de Salud, luego de concluir que no procede ordenar el financiamiento de medicamentos de alto costo cuando no se acredita que la falta del tratamiento prescrito coloque a la paciente en un riesgo vital inminente.

La recurrente sostuvo que la negativa de los organismos públicos a financiar el medicamento vulneraba los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica y a la igualdad ante la ley de la niña, quien padece una enfermedad rara, progresiva y neurodegenerativa. Alegó que BRINEURA es el único tratamiento disponible para detener el avance del deterioro y que su elevado costo, cercano a los $17 millones cada dos semanas, hacía imposible que su familia pudiera solventarlo.

Por su parte, FONASA solicitó el rechazo del recurso, argumentando que su actuación se encuentra sometida al principio de legalidad y que el medicamento solicitado no está cubierto por las Garantías Explícitas en Salud (GES) ni por la Ley Ricarte Soto. Añadió que carece de facultades para destinar recursos públicos al financiamiento de medicamentos de alto costo fuera de los mecanismos establecidos por la ley y que, según los antecedentes clínicos acompañados, la niña no se encontraba en una situación de riesgo vital actual o inminente que justificara una medida cautelar de urgencia.

Mientras que el Ministerio de Salud también solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo que el financiamiento público de tratamientos de alto costo debe determinarse mediante los procedimientos establecidos por la ley, sobre la base de criterios científicos y considerando que los recursos sanitarios son limitados. Agregó que un informe técnico elaborado por la autoridad sanitaria advirtió una alta incertidumbre y muy baja certeza sobre los efectos de la Cerliponasa Alfa en la mortalidad y sobrevida a largo plazo, además de riesgos asociados a su administración, y afirmó que los antecedentes médicos de la niña no permitían establecer que se encontrara en un riesgo vital actual o inminente.

En su análisis de fondo, la Corte de Santiago señaló que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos para determinar qué prestaciones y tratamientos reciben protección financiera del Estado. En particular, explicó que la Ley Ricarte Soto establece un procedimiento para incorporar diagnósticos y tratamientos de alto costo, que considera la evaluación de la evidencia científica y una recomendación priorizada, tras lo cual los Ministerios de Salud y de Hacienda determinan aquellos que serán cubiertos. En este caso, constató que ni la enfermedad de la niña ni el medicamento solicitado se encuentran incorporados a dicho sistema.

No obstante, precisó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, excepcionalmente puede ordenarse el financiamiento de medicamentos de alto costo cuando constituyan la única alternativa para salvar la vida de una persona que se encuentra en riesgo vital. En esas circunstancias, indicó que las consideraciones financieras deben ceder frente a la protección de la vida y la integridad física o psíquica, derechos que obligan al Estado a desplegar los recursos necesarios para su resguardo.