Corte acoge amparo y ordena tramitar solicitud de prescripción sin exigir que condenado se entregue previamente

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo y dejó sin efecto la resolución del Noveno Juzgado de Garantía de la capital que condicionó la tramitación de una solicitud de prescripción y media prescripción de penas a que el condenado compareciera personalmente y se pusiera a disposición del tribunal, pese a mantener una orden de detención vigente en su contra.

El fallo concluyó que la discusión sobre la prescripción de una pena es esencialmente jurídica y no requiere la presencia personal del condenado, por lo que exigir su comparecencia física como condición para tramitar la petición constituye un requisito no contemplado en la ley que puede afectar su libertad personal.

La causa se originó luego de que el amparado fuera condenado, el 29 de febrero de 2024 y mediante procedimiento abreviado, como autor del delito de receptación de vehículo motorizado. Por este ilícito se le impusieron 541 días de presidio menor en su grado medio y una multa de un tercio de UTM.

También fue condenado por una infracción al artículo 209 de la Ley N°18.290, recibiendo una pena de 41 días de prisión en su grado máximo y otra multa de un tercio de UTM.

Una vez ejecutoriada la sentencia, el 17 de julio de 2024 se despachó una orden de detención en su contra, debido a que se encontraba sustraído del cumplimiento de las penas impuestas.

El 31 de agosto de 2026, su defensa solicitó que se declarara la media prescripción de la pena corporal principal, conforme a los artículos 103 y 105 del Código Penal, y la prescripción total de la pena correspondiente a la falta y de las multas, de acuerdo con el artículo 97 del mismo cuerpo legal.

Además, pidió que se oficiara a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones para acreditar los movimientos migratorios del condenado y que se incorporara su extracto de filiación.

El 4 de septiembre de 2026, el tribunal de garantía resolvió que, antes de pronunciarse sobre la solicitud, fijar una audiencia o despachar los oficios requeridos, el condenado debía comparecer personalmente y ponerse a disposición de la justicia. Mientras tanto, mantuvo vigente la orden de detención.

La defensa recurrió de amparo y sostuvo que esa decisión era ilegal e injustificada, pues ninguna norma exige la comparecencia física del condenado como condición para dar curso a una solicitud presentada por escrito, fijar una audiencia o decretar diligencias.

Argumentó que el artículo 102 del Código Penal, cuando se refiere a la presencia del condenado, se aplica exclusivamente cuando el tribunal declara la prescripción de oficio y no cuando ella es solicitada por una de las partes, conforme a los artículos 8° y 93 letra b) del Código Procesal Penal.

Añadió que una audiencia destinada a resolver la prescripción de una pena tiene un carácter estrictamente técnico y jurídico, por lo que no requiere la presencia personal del condenado. La ley, sostuvo, exige esa comparecencia como requisito de validez únicamente en situaciones expresamente previstas, como ocurre con la formalización o el juicio oral.

La defensa afirmó que obligar al condenado a entregarse y ser privado de libertad antes de permitirle discutir la prescripción vulneraba el artículo 19 N°7 de la Constitución. Precisamente, explicó, el objetivo de la solicitud presentada era obtener la extinción o atenuación de la pena y, como consecuencia, resolver la situación de la orden de detención pendiente.