Corte de Santiago rechaza reclamo de Canal Dos y mantiene suspensión de transmisiones por siete días

Sin perjuicio de haber declarado extemporáneo el reclamo, la Corte analizó también el fondo de la controversia y concluyó que no se configuró una actuación ilegal por parte del CNTV. Al respecto, recordó que el inciso segundo del artículo 16 de la Ley N°18.838 prohíbe a las concesionarias celebrar actos o contratos que permitan a un tercero administrar total o parcialmente sus espacios televisivos o utilizar su derecho de transmisión con programas y publicidad propios, salvo acuerdos puntuales y transitorios que mantengan la individualidad y responsabilidad de cada concesionaria.

En ese contexto, el tribunal consideró determinante que el contrato celebrado con Unimedios reservaba a Canal Dos únicamente una franja de 30 minutos diarios para programación propia, mientras que el resto de la señal era destinada a contenidos de RT. Según los antecedentes examinados, durante el período fiscalizado se emitieron 2.137 programas de RT y sólo 37 correspondientes a material propio de la concesionaria, lo que evidenciaba una participación marginal de Canal Dos en los contenidos transmitidos.

La Corte sostuvo que el arrendamiento de hasta 23 horas y media de programación diaria a un tercero importaba, en los hechos, la cesión de la concesión, aun cuando el contrato contemplara formalmente facultades de intervención por parte de Canal Dos. En particular, señaló que debía atenderse a la realidad efectiva de la administración de los espacios televisivos y a quién determinaba los contenidos emitidos, por sobre las formalidades jurídicas del contrato.

En esa línea, el fallo enfatizó que “debiendo primar entonces el principio de realidad para establecer en los hechos, más allá de las formalidades jurídicas, quiénes administraban el espacio radioeléctrico”. Agregó que el arrendamiento de espacios televisivos puede ser lícito, pero no cuando su extensión temporal compromete las finalidades de la Ley N°18.838 o permite utilizar un contrato privado como mecanismo para eludir las exigencias legales aplicables a las concesionarias.

Respecto de la alegación de persecución política vinculada a la retransmisión de RT, la Corte descartó que existieran antecedentes que permitieran sostener que la actuación fiscalizadora del CNTV hubiese obedecido a una finalidad distinta del cumplimiento de la ley. Asimismo, precisó que, dada la naturaleza contencioso administrativa de la acción prevista en el artículo 34 de la Ley N°18.838, no correspondía al tribunal sustituir al órgano administrativo en la valoración de mérito relativa a la proporcionalidad de la sanción.

Finalmente, la Corte concluyó que el CNTV actuó dentro de sus competencias legales, mediante el procedimiento previsto en la Ley N°18.838, y que la sanción de suspensión por siete días se encontraba contemplada dentro del catálogo legal aplicable a la infracción. Estimó, además, que la resolución impugnada se encontraba debidamente fundada y satisfacía las exigencias de motivación de los actos administrativos, por lo que rechazó el reclamo deducido por Canal Dos S.A.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°309-2026 (Contencioso administrativo).