Corte de Talca deja sin efecto orden de abandono de ciudadano haitiano y ordena a Migraciones revisar su solicitud de residencia

En cuanto al fondo, la Corte estableció que no estaba controvertido que la resolución impugnada se había basado en que el extranjero no acompañó el certificado de antecedentes de su país de origen dentro del plazo de 10 días concedido para subsanar la omisión.

Sin embargo, sostuvo que la actuación de la Administración debe ajustarse a criterios de racionalidad y proporcionalidad. En ese sentido, consideró que exigir a un ciudadano extranjero obtener un certificado de antecedentes en su país de origen, legalizarlo, certificarlo ante el consulado correspondiente y obtener su traducción oficial en Chile dentro de un plazo fatal de 10 días hábiles constituía una exigencia material y objetivamente imposible de cumplir, especialmente considerando la situación política y social de Haití.

A juicio de la Corte, esa exigencia transformó el derecho del administrado a defenderse y subsanar las observaciones en una formalidad meramente aparente, al desconocer los tiempos reales que requieren los trámites entre distintos países. Por ello, estimó que la actuación administrativa carecía de razonabilidad.

El tribunal agregó que la arbitrariedad se hacía aún más evidente al considerar que el extranjero no había intentado eludir el control estatal, sino que perseveró en la tramitación hasta obtener el certificado exigido. Dicho documento, emitido por la Dirección Central de Policía Judicial de Haití el 31 de marzo de 2026 y traducido oficialmente en Chile el 6 de julio de 2026, acredita que no registra antecedentes penales.

La Corte sostuvo que, si el objetivo de la legislación migratoria es promover una migración segura y ordenada y verificar que quienes solicitan residencia no representen un peligro para la sociedad, dicho propósito se encontraba materialmente satisfecho con el certificado presentado. En consecuencia, mantener la orden de abandono únicamente por no haber acompañado oportunamente un documento que posteriormente fue obtenido resultaba desproporcionado y suponía privilegiar un rigorismo formal por sobre el fondo del asunto.

Asimismo, el tribunal consideró que esa decisión desconocía lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley N°21.325, que permite a la autoridad evaluar alternativas menos gravosas frente al rechazo de una solicitud de residencia definitiva.

De este modo, la Corte concluyó que disponer el abandono del país sobre la base del incumplimiento de un plazo que, en las circunstancias del caso, era materialmente imposible de cumplir constituía un acto ilegal. Según razonó, dicha actuación perturbaba y amenazaba directamente la garantía de libertad personal y seguridad individual del amparado, generando un riesgo para su permanencia y circulación en el territorio nacional.

Por estas consideraciones, el tribunal acogió el recurso de amparo, dejó sin efecto la orden de abandono contenida en la Resolución Exenta impugnada y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones retrotraer el procedimiento de solicitud de residencia definitiva, ordenando a la autoridad otorgar al extranjero un plazo no inferior a 90 días hábiles para incorporar formalmente al expediente el certificado de antecedentes penales obtenido y regularizar, si correspondiera, el pago de multas pendientes. Una vez recibidos los antecedentes, el Servicio deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud dentro de un plazo de 60 días, bajo el apercibimiento establecido en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil en caso de incumplimiento.

Vea sentencia Corte de Talca Rol N.° 1016-2026 (Amparo).