Corte Suprema deja sin efecto término anticipado de contrata fundado en razones presupuestarias generales

La Corte Suprema comenzó señalando que los empleos a contrata tienen un carácter transitorio y, en principio, están destinados a durar como máximo un año. Indicó que la cláusula «mientras sus servicios sean necesarios» es compatible con esa naturaleza y permite a la Administración poner término anticipado a una contrata antes del vencimiento fijado. Sin embargo, precisó que esta facultad debe ejercerse mediante un acto debidamente fundado, que explique las razones por las cuales los servicios del funcionario han dejado de ser requeridos en su caso particular.

Añadió que el término anticipado de una contrata constituye una decisión de carácter excepcional, por lo que debe sustentarse en motivos legales vinculados con hechos debidamente acreditados por la autoridad. Estos antecedentes, explicó, deben ser concretos y permitir establecer, desde una perspectiva objetiva, que los servicios prestados ya no son necesarios, alejándose de apreciaciones meramente subjetivas o genéricas. Mientras esas circunstancias no concurran, el funcionario tiene derecho a completar el período para el cual fueron requeridos sus servicios.

En el caso concreto, observó que el nombramiento del recurrente se encontraba vigente cuando se dictó el acto impugnado y que el municipio justificó su término anticipado principalmente en razones presupuestarias. Para ello, invocó que se había sobrepasado el límite legal de gasto en personal a contrata, una proyección negativa del gasto para 2025 y la inexistencia de disponibilidad presupuestaria o de nuevos ingresos que permitieran sostenerlo. A ello agregó la necesidad de efectuar una reestructuración organizacional para racionalizar los recursos disponibles y priorizar áreas consideradas críticas.

El máximo Tribunal recordó que la decisión de poner término anticipado a una contrata, como cualquier acto administrativo que afecte derechos, debe exteriorizar las razones que llevaron a la autoridad a adoptarla. Al examinar los antecedentes, advirtió que las razones presupuestarias generales y las proyecciones invocadas por el municipio carecían de la especificidad necesaria para justificar la situación particular del recurrente. En particular, destacó que, al renovarse su contrata en enero de 2025, la propia Administración había certificado que ese cargo no hacía superar el límite legal de gasto y había reconocido la necesidad de contratar un auxiliar para la respectiva dirección municipal.

Asimismo, señaló que la prórroga de la contrata para 2025 había sido adoptada considerando la dotación necesaria, el presupuesto fijado para gasto en personal y las necesidades del servicio correspondientes a ese período. Por esa razón, estimó que el informe que constataba un exceso de gasto al término de 2024 tampoco resultaba suficiente para justificar posteriormente la desvinculación, pues se refería al ejercicio anterior. En cuanto a la reestructuración organizacional alegada por el municipio, sostuvo que no había sido acreditada de manera suficiente y que el informe de personal contenía menciones generales y abstractas, sin identificar los cargos de los que resultaba necesario prescindir ni referirse específicamente a la situación del recurrente.

Por ello, el máximo Tribunal estimó que los fundamentos entregados por la autoridad no explicaban de qué manera la situación presupuestaria y organizacional descrita justificaba seleccionar precisamente al recurrente para poner término anticipado a una contrata. A su juicio, el municipio debía expresar razones concretas y objetivas que permitieran establecer por qué sus servicios ya no resultaban necesarios, vinculando los antecedentes generales invocados con su situación particular. La ausencia de esa explicación impedía considerar suficientemente fundada la decisión administrativa adoptada en su contra.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección sólo en cuanto dejó sin efecto la decisión de poner término anticipado a la contrata del recurrente y ordenó al municipio pagar las remuneraciones correspondientes al período comprendido entre su separación y el 31 de diciembre de 2025, fecha en que expiraba su nombramiento.

Acordada con el voto en contra de los ministros señores Astudillo y Ruz, quienes fueron del parecer de confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°4911-2026 y Corte de Puerto Montt Rol N°1001-2025 (Protección).