Corte de Concepción rechaza amparo contra condena por robo y determinación de abonos

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de amparo presentado en favor de un condenado a cinco años y un día de presidio por el delito de robo en lugar habitado, al estimar que las decisiones cuestionadas por la defensa no configuraban una ilegalidad manifiesta susceptible de ser corregida mediante esta vía constitucional.

La acción constitucional se interpuso respecto de lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Talcahuano en un procedimiento abreviado, que condenó al acusado como autor del delito consumado de robo en lugar habitado, cometido el 8 de julio de 2025, y se le reconocieron 1.040 días de privación de libertad preventiva como abono.

La defensa alegó que la sentencia afectaba ilegal y arbitrariamente la libertad personal del condenado por tres motivos. En primer lugar, cuestionó la aplicación de la agravante de reincidencia específica prevista en el artículo 12 N° 16 del Código Penal. Sostuvo que la condena anterior considerada por la Fiscalía, correspondiente a una causa por robo con intimidación en la que se había impuesto una pena de 541 días, debía considerarse prescrita, pues se trataba de una pena concreta de simple delito y habían transcurrido más de cinco años, conforme a los artículos 97 y 104 del Código Penal.

En segundo término, la defensa alegó que correspondía aplicar la rebaja de pena contemplada en el artículo 73 del Código Penal, al concurrir una eximente incompleta de imputabilidad disminuida, prevista en el artículo 11 N° 1 en relación con el artículo 10 N° 1, además de la atenuante de colaboración sustancial del artículo 11 N° 9. Afirmó que el tribunal debía compensar la agravante mediante la regla del artículo 68 ter y fijar una pena de 1.395 días, equivalente a tres años y diez meses.

Finalmente, cuestionó la determinación de los abonos. Explicó que la defensa había solicitado reconocer 1.408 días de prisión preventiva correspondientes a distintas causas, lo que, según sostuvo, permitía tener por cumplida la pena que pretendía. Sin embargo, la magistrada reconoció únicamente 1.040 días luego de revisar antecedentes de otros procesos. Para la defensa, esa actuación sorprendió a las partes y vulneró el principio de imparcialidad.

Al informar a la Corte, la jueza recurrida sostuvo que la determinación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad y de los abonos se había realizado conforme a derecho y al mérito del proceso, de acuerdo con el artículo 348 del Código Procesal Penal. Explicó que la falta de oposición del Ministerio Público no la liberaba de verificar técnicamente la cantidad de días que podían ser imputados a la pena.