Justicia colombiana descarta vulneración de derechos al negarse electricidad a viviendas en lugares no autorizados

La Corte Constitucional de Colombia estableció que el acceso al servicio público de energía eléctrica requiere el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y ordenamiento territorial. El tribunal recordó que los solicitantes deben acreditar que el inmueble se ubica en un área permitida legalmente y contar con los permisos correspondientes.

Esta decisión surgió al revisar dos acciones de tutela promovidas por habitantes de sectores rurales de una región, quienes alegaban la vulneración de sus derechos fundamentales ante la negativa de las empresas del rubro. En el primer caso analizado, la parte accionante exigió la instalación del suministro eléctrico en una vivienda.

En el segundo proceso, la peticionaria demandó la conexión del servicio en un inmueble, argumentando que en el lugar residen personas con problemas médicos graves que dependen de aparatos eléctricos y medicamentos refrigerados para subsistir. En ambos casos, las familias sostenían que la falta de suministro lesionaba su dignidad, vivienda digna y salud.

Al resolver el fondo de los litigios, la Corte declaró improcedente la primera acción de amparo, mientras que en la segunda concluyó que la empresa prestadora no incurrió en vulneraciones constitucionales al denegar la conexión. La decisión se fundamentó en que la edificación afectada se encuentra emplazada dentro de las franjas de retiro obligatorio fijadas por la legislación vigente, las cuales prohíben expresamente autorizar servicios públicos en obras levantadas sobre áreas reservadas para la seguridad y futura infraestructura del sistema vial nacional.