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Justicia colombiana ampara derechos de entidad de fútbol profesional en litigio administrativo

Determinó que la omisión de respuesta ante una solicitud de prueba pericial constituye una vulneración a las garantías fundamentales. El fallo establece que las autoridades deben pronunciarse de manera expresa sobre las evidencias pedidas por las partes antes de finalizar las etapas procesales correspondientes para asegurar el derecho a ser oído y a controvertir cargos.

08 de mayo de 2026

imagen: unsplash

Deber de colaboración

Corte Constitucional de Colombia dictamina que autoridades deben colaborar con tribunales cuando son requeridas

La decisión se originó ante la falta de respuesta de la autoridad laboral en un proceso de tutela interpuesto por una trabajadora despedida tras su licencia de maternidad. El fallo analiza la obligatoriedad de los informes administrativos en los tiempos legales y la relevancia de la estabilidad laboral como derecho fundamental. La Corte enfatiza que la omisión de pruebas solicitadas por los jueces genera responsabilidad legal para los organismos estatales.

18 de abril de 2026

Imagen: demre.cl

Derecho a la libertad del trabajo.

Juzgado Laboral de La Serena condena a universidad a pagar una indemnización de $9.873.402 por vulnerar libertad de trabajo de funcionario despedido sin justificación legal.

La magistrada dio por establecido que la Universidad de La Serena actuó en forma arbitraria al hacer cesar en el cargo a (....) pese a error que contenía la renuncia voluntaria que presentó el funcionario y que estaba condicionada a bonificación o incentivo al retiro, y que luego fue recontratado por tres meses y despedido sin justificación.

08 de febrero de 2024

Cuarta Notaría de Temuco debe pagar más de 30 millones de pesos en indemnizaciones y recargos a trabajadora despedida luego de revisar sus conversaciones de whatsapp.

Recurso de unificación de jurisprudencia rechazado.

Cuarta Notaría de Temuco debe pagar más de 30 millones de pesos en indemnizaciones y recargos a trabajadora despedida luego de revisar sus conversaciones de whatsapp.

El máximo Tribunal, estimó que al momento del despido la notaria suplente infringió la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al revisar las conversaciones de whatsapp que la funcionaria mantenía en uno de los computadores de la oficina con el anterior notario.

21 de mayo de 2023

Solicitar en cumplimiento de los cinco requisitos para la jerarquización docente y no “al menos tres” como indica el reglamento interno, es un acto de discriminación arbitraria.

Recurso de unificación de jurisprudencia rechazado.

Desvinculación de académico universitario por mala calificación en su evaluación como docente se confirma por la Corte Suprema.

El trabajador intentó revertir su desvinculación mediante una denuncia de tutela de derechos fundamentales, al cuestionar el proceso de evaluación docente que culminó con el término anticipado de su contrata, acusando que fue juzgado por una comisión especial, en circunstancias que siempre pudo ejercer las acciones que la ley le otorgó en el proceso de calificación.

25 de abril de 2023

image: La Tercera

Recurso de unificación de jurisprudencia rechazado.

Todo lo relacionado con nombramientos, ascensos, calificación y término de los servicios de los funcionarios de la PDI está regulado por su Estatuto de Personal y no es de competencia de la justicia laboral por la vía de la tutela.

El recurso de unificación de jurisprudencia no cumple su objeto, si la denuncia de la norma decisoria no ha sido desarrollada en el libelo, hecho que impide el adecuado cotejo de los fallos acompañados, puntualizó el máximo Tribunal.

25 de noviembre de 2022

Durante un procedimiento laboral el empleador debe hacer presente la imposibilidad de reintegrar al trabajador y pagar las indemnizaciones que procedan, resuelve la Corte Constitucional colombiana.

Plazos desproporcionados.

CC de Colombia acogió tutela presentada por persona a punto de perder su casa debido a multa que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, pues se vulneró la garantía del debido proceso.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del actor, al tardar 479 días para proferir la providencia que le impuso la multa dentro de un trámite en el que actuó investido de competencias judiciales.

24 de diciembre de 2020