TCP declara ilegal adjudicación de JUNJI por aplicar distintos estándares en la evaluación de las ofertas

Sin embargo, advirtió una inconsistencia respecto de los guantes de látex con polvo quirúrgico, pues la adjudicataria declaró disponer de las tallas S, M, L y XL, mientras que la ficha técnica del fabricante solo contemplaba las tallas XS, S, M y L.

El Tribunal señaló que esa discrepancia no acreditaba, por sí misma, el incumplimiento de la exigencia relativa a la talla XL, pero generaba una duda objetiva que debía aclararse antes de resolver sobre la admisibilidad de la oferta.

Por ello, concluyó que la Comisión Evaluadora incurrió en un defecto de evaluación al tener por satisfecho ese requerimiento sin solicitar una aclaración ni verificar previamente la contradicción entre ambos antecedentes.

Respecto de la identificación de las marcas, el Tribunal precisó que su omisión no constituía necesariamente una causal autónoma de inadmisibilidad, pues esa sanción no podía extenderse a supuestos distintos de los expresamente previstos en las bases.

No obstante, estableció que las expresiones “genérico” o “genérico (importado)” no individualizaban una marca comercial y, por tanto, no satisfacían la exigencia de detallar la marca ofertada.

El Tribunal advirtió que la Comisión Evaluadora declaró inadmisible la oferta de la demandante por no identificar la marca de un producto, pero admitió la propuesta adjudicada pese a contener referencias genéricas en múltiples ítems.

Por ello, concluyó que se aplicaron estándares distintos frente a una misma exigencia de las bases, favoreciendo a la adjudicataria y perjudicando a la demandante sin una justificación objetiva suficiente, lo que vulneró el principio de igualdad de los oferentes.

Al acoger la impugnación, declaró ilegal y arbitraria la resolución que había declarado inadmisibles determinadas ofertas y adjudicado la licitación.

Sin embargo, atendido el tiempo transcurrido, el estado de ejecución del contrato y la naturaleza de los materiales suministrados, no dispuso la invalidación de los actos impugnados, considerando que, según los antecedentes del proceso, la contratación se encontraba íntegramente ejecutada.

En consecuencia, reconoció a la empresa demandante el derecho a ejercer ante la sede jurisdiccional correspondiente las acciones indemnizatorias que estime pertinentes por los perjuicios que eventualmente se le hubieren ocasionado, y dispuso que cada parte pagara sus costas.

Vea sentencia Tribunal de Contratación Pública Rol N°140-2025-A.